El año 2019 ya fue bueno para las emisiones verdes y sociales, tanto en España como en el mundo, pero 2020 va a suponer, con el empuje del Covid-19, un salto sustancial. Con datos del Observatorio Español de la Financiación Sostenible (Ofiso) hasta el 15 de septiembre, en este país se han emitido unos 11.500 millones de euros en este tipo de deuda este año, tanto pública como privada. Aún falta un trimestre para cerrar el ejercicio, y la cifra ya supera en un 17% la de 2019. Y el gran crecimiento ha sido en los sociales.
Las colocaciones verdes -en que la financiación se destina a un proyecto que genera beneficios climáticos- siguen siendo las más habituales, al acaparar un 59% de lo emitido -el año pasado, un 65%-, pero las sociales alcanzan ya el 25% desde el 15% de 2019. Las sostenibles, por su parte, han caído al 16%. El término sostenible se utiliza para referirse a toda inversión con criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), y se denomina bono sostenible al que combina aspectos verdes y sociales.
Otro dato interesante en lo relativo al mercado español es que en 2019 las emisiones ASG representaron un 7% del total de emisiones de renta fija, según los cálculos de Ofiso (al nivel global el dato ronda el 5%), y en lo que llevamos de año se han disparado al 12%, "en parte por el aumento de las emisiones de este tipo, pero también por la reducción de las colocaciones tradicionales, particularmente del sector financiero, lo que hace que las sostenibles pesen más", matiza Julián Romero, presidente de Ofiso.
En un año de crash, "hemos comprobado cómo activos con un sesgo sostenible aguantan mejor", explica Ignacio Perea, director de inversiones de Tressis. "La caída máxima o drawdown era mucho menor, son activos que te protegen más en momentos de mucha volatilidad", añade.
A ello se suma "la posibilidad de contar con unas métricas de impacto [por toda la información que está obligado a facilitar el emisor sobre el uso de la financiación] en un momento en que la sensibilidad a estas cuestiones es muy elevada", señala. En un bono "está muy claro qué proyecto estás financiando, mientras que hacer eso mismo con acciones resulta mucho más difícil, ya que tendrías que saber, de la cuenta de resultados, qué es realmente lo que tiene impacto y lo que no", explica.
Sergio Míguez, socio fundador de Alternative Ratings, matiza, en cualquier caso, que "desde la óptica del analista de fondos, un proceso de inversión ASG es algo más abierto" y que "si pretendemos que la inversión sea sostenible tenemos que hacer muchas cosas con toda la cartera de deuda, no solamente meter en ella bonos verdes"; también comenta Míguez que un bonista tiene menos fuerza que un accionista a la hora de presionar a una empresa para que actúe según los criterios ASG: "Como bonista no participas en la junta de accionistas para influir de la misma forma", advierte. Discrepa con él Ignacio Perea: "Se puede ejercer mucha presión financiando proyectos a través de bonos. Me ha sorprendido comprobar la potencia que tienen los grandes fondos cuando salen a buscar emisiones", explica.
Una revolución normativa
Las gestoras tratan de adaptarse al tsunami regulatorio que genera la sostenibilidad. La UE continúa con su Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, con el objetivo de movilizar los capitales hacia el ASG. Otra pata afecta a MiFID II: los asesores deberán incorporar en el test de idoneidad una pregunta sobre las preferencias del cliente en ASG, entre otras cuestiones. Todo esto supone un esfuerzo "muy importante" para las gestoras, explica Ignacio Ezquiaga. Esta revolución, advierte, "convertirá la inversión no sostenible en peligrosa; igual que ahora nos fijamos en el riesgo de crédito, ese riesgo vendrá dado por que una empresa sea contaminante, o por que carezca de un plan para reducir sus emisiones".
