Madrid
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, se reunió de forma telemática con el Comité de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, y lanzó un mensaje con un ojo puesto en la sentencia del Tribunal Constitucional alemán, defendiendo la proporcionalidad de sus medidas y la necesidad de implementar los estímulos que se han lanzado en los últimos años.
En las últimas semanas muchos miembros del BCE han querido dejar claro que el organismo no debe justificación al Constitucional alemán, a pesar de la sentencia del pasado 5 de mayo del Tribunal, que daba un plazo al BCE para justificar sus medidas. Esta postura del organismo ha sido clara, pero a cambio el mensaje de Lagarde del lunes, sin embargo, parecía dirigido directamente a responder al Constitucional.
"Nuestro objetivo es alcanzar la estabilidad de precios, y esto va de la mano de tener una economía saludable y un sistema financiero fuerte", explica la presidenta francesa, defendiendo cómo las medidas que ha adoptado el BCE "no sólo han evitado que la economía entrase en una situación de deflación, si no que también han contribuido a apoyar al empleo y a evitar riesgos para la estabilidad financiera" en la zona euro.
"Las medidas han evitado entrar en deflación, han apoyado al empleo y han evitado riesgos para la estabilidad financiera"
Frente a los parlamentarios europeos (muchos de ellos alemanes), Lagarde también tuvo que justificar las últimas medidas que ha adoptado el organismo, anunciadas la semana pasada, que suponen un aumento de las compras de deuda en el Programa de Emergencia por Pandemia (PEPP) de 600.000 millones de euros, hasta alcanzar todo el programa un tamaño total de 1,35 billones de euros.
"Dos factores nos llevaron a tomar la medidas", indicó Lagarde. El primero de ellos, "las perspectivas de inflación", que se han revisado hasta el 1,3% para 2022, cuando antes de la pandemia eran del 1,6%.
Además de esto, "el endurecimiento de las condiciones financieras" que se produjo en los momentos más tensos de la crisis del coronavirus es otra de las razones que han puesto en alerta al Consejo de Gobierno del BCE y que ha terminado desembocando en la decisión de aumentar el programa.
"Teniendo en cuenta las disrupciones que ha generado la pandemia, el impacto que se va a conseguir con la expansión del PEPP son enormemente positivas", indicó la francesa.
No hay que olvidar que el BCE alertó recientemente de que en los momentos más tensos de la crisis surgió un problema de liquidez en los fondos monetarios, un riesgo que avisan de que podría haberse contagiado a otras partes de los mercados financieros, pero que se consiguió evitar gracias a las medidas de estímulo del organismo.
Lagarde también se encargó el lunes de recordar la importancia de las medidas que se han adoptado por parte del BCE para intentar proteger al sector bancario de la eurozona, que funciona como la cadena de transmisión de las políticas del BCE hasta la economía real.
Lagarde también recordó la importancia de las medidas que han tomado para proteger a los bancos, la cadena de transmisión de sus políticas a la economía
"Las operaciones de refinanciación (TLTRO III) son la herramienta más efectiva que hemos tomado" en este frente, ya que "permiten apoyar los préstamos de los bancos a aquellos afectados por el contagio de la enfermedad, en especial empresas pequeñas y medianas", destacó Lagarde.
Aunque la presidenta francesa también evitó responder directamente a preguntas concretas de algunos parlamentarios críticos con sus medidas y, por ejemplo, se fue por las ramas cuando se le preguntó directamente por el techo del BCE para las compras ("¿Cual es? ¿Un 100% del PIB de la eurozona?", preguntaba un parlamentario holandés), ayer hizo un ejercicio claro de explicación de sus medidas, intentando justificar su proporcionalidad.
Será, o no, suficiente explicación para el Constitucional alemán, pero lo que Lagarde parece tener claro es que ella ha justificado la necesidad y proporcionalidad de su programa. Y desde luego, que rendirá cuentas las veces que haga falta ante el Parlamento y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero no ante un organismo que está fuera de su jurisdicción.
