El Tribunal Constitucional Federal de Alemania considera que las compras de deuda del BCE en 2015, conocido por sus siglas en inglés PSPP, no ha financiado directamente a los Estados miembros, pero cree que el BCE, con su medida, se ha extralimitado en su mandato y le obliga a revisar las condiciones del programa en tres meses. La decisión de hoy ha sido adoptada por siete votos a favor y uno en contra. El órgano judicial aclara en un comunicado que la sentencia de hoy no afecta a las medidas adoptadas por el banco central y la Comisión Europea en el contexto de la actual crisis de coronavirus. En respuesta, el BCE asegura que "toma nota" del dictamen y se remite al fallo de la TJUE que avaló las medidas del banco central.
A la principal conclusión que llega el alto tribunal de Alemania es que el programa del BCE no supone una ilegalidad al no producirse una financiación a los Estados, pero considera que rebasó sus competencias al no tener en cuenta la proporcionalidad de la medida como herramienta para ceñirse a su mandato de situar la inflación cerca del 2%.
El presidente del TC, Andreas Voßkuhle, al difundir la sentencia, ha apuntado que tampoco el Gobierno y el Parlamento alemán revisaron las decisiones del Consejo del BCE al respecto y por esa razón se incumplió la legislación alemana.
Por otra parte, la demanda de un grupo de empresarios alemanes, por la que se generó el caso, por financiación ilegal de los Estados de la UE ha quedado rechazada al considerarse que el PSPP no supone ninguna violación de la prohibición de financiar los presupuestos de los Estados miembros.
El Tribunal insta al Gobierno Federal de Alemania y al Bundestag que adopten medidas para garantizar que el BCE realice una evaluación de proporcionalidad. A este respecto, considera que el Gobierno Federal y el Bundestag también tienen el deber de continuar monitoreando las decisiones del Eurosistema en las compras de bonos del gobierno bajo el PSPP y utilizar los medios a su disposición para asegurar que se mantenga dentro de su mandato.
Choque institucional y jurídico con el TJUE
A pesar de que la parte fundamental de la sentencia no supone una enmienda a la totalidad de la actuación del BCE, la Corte de Karlsruhe carga contra el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que hace dos años avaló la actuación del banco central. El Constitucional alemán dice que el BCE con su programa PSPP sobrepasó sus competencias, por mucho que el TJUE "opinara lo contrario". Y va más allá. Considera que es su obligación revisar toda la actuación de instituciones de la Unión Europea, incluido el tribunal de Luxemburgo, por lo que el Constitucional se sitúa un peldaño por encima del TJUE.
Para algunos juristas supone toda una declaración de de guerra al TJUE y una invitación a que otros tribunales constitucionales de otros países desacaten a la máxima autoridad en materia judicial de la UE, cuando no gusten las resoluciones judiciales de Luxemburgo. "Reafirmamos la primacía del derecho de la UE y el hecho de que las sentencias del TJUE son vinculantes para todos los tribunales nacionales", ha sostenido un portavoz de la Comisión Europea. A nadie se le escapa que en países como Polonia o Hungría podrían seguir el mismo camino.
Amenaza de sacar al Bundesbank del programa de compra
Los jueces alemanes basan su decisión en que el BCE no ha tenido en cuenta las implicaciones a largo plazo de lo que supone las adquisiciones de deuda soberana. "Un programa de compra de bonos del Gobierno, como el PSPP, que tiene efectos significativos en la política económica, requiere que el objetivo de la política monetaria y los efectos de la política económica del programa sean identificados, ponderados y equilibrados entre sí", ha señalado el Tribunal alemán.
La corte constitucional echa en cara que el BCE no ha conseguido con esta medida alcanzar su objetivo de inflación del 2% y que no está teniendo en cuenta sus efectos en la política monetaria, poniendo el acento en que el volumen y la duración del PSPP. Para el tribunal se va más allá del objetivo principal y pone de ejemplo que el programa afecta al sector de la banca comercial al transferir grandes cantidades de bonos gubernamentales de alto riesgo a los balances del Eurosistema, lo que mejora significativamente la situación económica de los bancos relevantes y aumenta su calificación crediticia.
El Constitucional alemán concede "un período transitorio de no más de tres meses" para que el BCE adopte las medidas necesarias para que los objetivos de política monetaria perseguidos por el PSPP no tengan efectos desproporcionados sobre la política económica y fiscal. Y recuerda que el Bundesbank podría verse forzado a dejar de tomar parte del programa de compra.
También insta al Bundesbank a asegurarse de que los bonos ya comprados y mantenidos en su cartera se venderán en función de una estrategia, posiblemente a largo plazo, coordinada con el Eurosistema.
¿Qué consecuencias tiene está decisión del tribunal alemán?
La sentencia intenta atar en corto al BCE para sus programas de compra de deuda. El PSPP se activó en 2015, a imagen y semejanza del Quantitative Easing de la Fed, y duró hasta finales de 2018. La entidad adquirió 2,7 billones de euros en deuda soberana. El plan cumplió su objetivo de salvar el euro y evitar que volviera ataques sobre la deuda soberana. En noviembre del año pasado, en la última reunión bajo el mandato de Mario Draghi se volvió a activar el programa para adquirir 300.000 millones de euros más al balance del BCE. La decisión se tomó para intentar sacar a la zona euro de la anemia económica que había entrado en mitad de la guerra comercial. Pero fue una decisión muy criticada y tuvo votos en contra del Consejo de Gobierno.
El programa sigue vivo PSPP pero ha quedado en barbecho ante la crisis del coronavirus. El BCE lanzó un nuevo plan de compras de deuda de 750.000 millones
En principio, el Tribunal Constitucional ha dejado claro que su decisión no afecta al actual programa de compra de Lagarde. Pero su decisión plantea serias dudas. El ex vicepresidente del BCE, Vitor Constancia, alertaban en Twitter que tras la sentencia "nuevos casos judiciales vendrán inmediatamente en Alemania" contra PEPP, las siglas en inglés del programa contra el coronavirus.
Aunque los expertos señalan que el tribunal alemán no tiene jurisdicción sobre el BCE, sí supone una presión añadida. La actual presidenta del banco, Christine Lagarde, dijo en la última reunión que no había límites para las compras del BCE si fuera necesario. De hecho, el mercado ya tiene la expectativa, que tarde o temprano aumentará su potencia de fuego para proteger a Italia, el país más débil y cuya prima de riesgo ya está en niveles preocupantes. Sin embargo, el Constitucional alemán ha dicho que el BCE tiene que establecer límites.
En este sentido, los jueces alemanes han defendido la legalidad del PSPP frente a la demanda por violar el principio de financiación presupuestaria de los países miembros. La Corte se ha basado en que la cantidad de compras ha sido limitada en el tiempo, en las cantidades y bajo la proporción de aportación de capital de los países que forma parte del euro.
Pero actualmente, el BCE con el PEPP ya ha anunciado que se revasará el límite de emisión del 33% de cada país y aceptará deuda soberana como la griega por debajo de la calidad crediticia. Lo que supone traspasar los límites establecidos por el Constitucional alemán para sustentar la legalidad del programa de compra.
"Los detalles del fallo pueden restringir el uso flexible de los programas generales de compra de activos del BCE", apunta Holger Schmieding, de Berenberg. Pero, ¿Qué poder tiene el Tribunal Constitucional de Alemania? El órgano amenaza con sacar al Bundesbank de sacar del PSPP. No tiene competencias sobre el BCE, pero no hay que olvidar que el banco central de Alemania es el principal contribuyente al BCE y a los programas de compras de deuda. Su salida implicaría la venta automática al mercado de miles de millones de deuda alemana, lo que provocaría un auténtico caos para el mercado y dispararse los intereses de los bonos de todos los países europeos.
