El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Melchior Wathelet, que suele pronunciarse antes de la sentencia definitiva del alto tribunal y sentar el sentido de la misma, se ha manifestado sobre el recurso de Alemania contra el programa de compra de bonos soberanos del BCE que sirvió para atajar la crisis de deuda soberana y que se sigue aplicando desde 2015. El fiscal indica que el programa no vulnera la prohibición de financiación monetaria y no excede del mandato del BCE.
Las actuaciones del BCE están bajo sospecha en Alemania desde que Mario Draghi se sacó de la chistera el programa de compra de deuda soberana en 2015 para sacar al euro de la última crisis. Varios grupos de particulares interpusieron recursos de amparo ante el Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional Federal, Alemania) sobre diversas decisiones del BCE al programa de compra, sobre la participación del Deutsche Bundesbank (Banco Central Alemán) en la ejecución de estas decisiones o sobre su supuesta inactividad ante dichas decisiones, así como sobre la supuesta inactividad del Gobierno Federal y de la Cámara Baja del Parlamento Federal ante esta participación y las citadas decisiones.
El Abogado General del TJUE Melchior Wathelet, que suele anticipar el sentido de la sentencia final del tribunal, ha respaldado por completo la actuación del BCE con su programa de compra, que está previsto que termine en diciembre de este año. La medida ha permitido generar una relajación de las condiciones monetarias y financieras que permite a las empresas y a los hogares obtener financiación a precios más ventajosos. Ello tiene como consecuencia, en principio, estimular las inversiones y el consumo, lo que contribuye a devolver las tasas de inflación al nivel deseado, que es inferior, pero cercano, al 2%.
Considera que el programa no vulnera la prohibición de financiación monetaria de los países que conforman el euro
En primer lugar, el Abogado General considera que el programa no vulnera la prohibición de financiación monetaria de los países que conforman el euro. Parte de la crítica alemana se apoyaba en este punto para denunciar su ilegalidad. Wathelet explica que no se puede comparar con ilegalidad expresa que supone que un Estado adquiere su propia deuda.
Tras remitirse a la sentencia Gauweiler, relativa al programa OMT, que también fue denunciado por ciertos sectores en Alemania, y que permitía al BCE comprar deuda soberana sin ningún tipo de restricciones, el Abogado General recuerda que la legalidad de principio de una operación de compra de bonos soberanos en los mercados secundarios por el BCE no es discutible. La validez de un programa como el actual programa de compra, conocido como PSPP por su siglas en inglés (Public Sector Asset Purchase Programm), depende de las garantías que lo enmarcan.
En lo que atañe al supuesto efecto equivalente del PSPP a la adquisición directa de bonos soberanos a autoridades y organismos públicos de los Estados miembros, el Abogado General indica que "el PSPP presenta las suficientes garantías para evitar que las condiciones de emisión de bonos soberanos se vean alteradas por la certeza de que el BCE comprará los bonos tras su emisión y para impedir, de este modo, que los operadores activos en los mercados de bonos soberanos puedan actuar, de hecho, como intermediarios del BCE para la adquisición directa de valores".
El PSPP es tan apto como necesario para alcanzar su objetivo, dado que el BCE ya había agotado las otras medidas de política monetaria
A este respecto, el Abogado General subraya que el Consejo de Gobierno del BCE decide sobre el alcance, el comienzo, la continuación y la suspensión de las intervenciones en los mercados secundarios previstas y que a diferencia del OMT, el PSPP no prevé la adquisición de valores con carácter selectivo sino de forma representativa de todos los Estados miembros de la zona euro.
El recurso elevado por Tribunal Constitucional Federal de Alemania también argumenta los efectos negativos sobre el riesgo moral que supone el programa para los Estados y la desmotivación que supone para no aplicar una sana política presupuestaria. El Abogado defiende que el programa de compra de deuda "no puede interpretarse como un mecanismo que puede ayudar a los Estados miembros en dificultades de financiación".
El Abogado General tampoco cree que el programa exceda el mandato del BCE y se encuentra dentro de su mandato de guiar a la inflación entorno al 2%. "El PSPP es tan apto como necesario para alcanzar su objetivo, dado que el BCE ya había agotado las otras medidas de política monetaria que son igualmente eficaces, y no va manifiestamente más allá de lo necesario".
