La caída cercana al 40% que protagoniza el Ibex 35 desde el pasado 24 de febrero ha dejado a la mayor parte de las cotizadas españolas cotizando a precios de derribo. Para evitar que inversores extracomunitarios puedan hacerse ahora con firmas estratégicas a estos niveles, el Gobierno ha aprobado un real decreto que modifica la ley de opas actual y que limita las compras de capital de estas cotizadas a un máximo del 10% en caso de ser un inversor de fuera de la Unión Europea.
La letra pequeña del real decreto publicado en Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles desgrana en qué consistirá el nuevo 'blindaje' hecho público por Moncloa para la bolsa española.
1. Menos del 10%
El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha decretado la "suspensión del régimen de liberalización" de inversiones extranjeras en nuestro país. Esto implica que los inversores extracomunitarios no podrán adquirir una "participación igual o superior al 10% del capital social de la firma española", sea directa o indirectamente.
2. Sectores estratégicos
El Gobierno busca por encima de todo proteger a las grandes cotizadas españolas. Todo aquel que quiera lanzar una oferta por alguna de ellas necesita indiscutiblemente la aprobación del Gobierno que ha decidido recuperar la conocida como golden share o acción de oro que ya aplica en firmas estratégicas, como ocurre actualmente con el gestor de la bolsa nacional, BME, en pleno proceso de opa por la suiza SIX.
Las diez mayores cotizadas del Ibex 35 han pasado de tener una capitalización conjunta en el mercado de cerca de 420.000 millones de euros el día previo a que comenzara la caída de las bolsas en la última semana de febrero, a tener un valor ligeramente superior a los 270.000 millones de euros. Firmas como Inditex, con menos de 65.000 millones de capitalización, logró este año superar de nuevo la cota de los 100.000 millones de euros de valoración. Su caída supera el 34%. Hoy, además, ha presentado sus cuentas, aunque su propiedad no está en juego, ya que Amancio Ortega y su familia superan una participación del 66%.
Donde sí se ha visto riesgo, y de ahí la actuación del Gobierno, ha sido en aquellas compañías sin accionistas de relevancia, con la mayor parte de su capital flotando libre en el mercado. Iberdrola ha pasado a ser la segunda compañía por capitalización del índice, tras ceder un 23%, la mitad que Banco Santander que pierde un 46%, Telefónica, un 30%, y BBVA, un 47% de pérdidas.
¿A qué ha denominado el Gobierno sectores estratégicos? Prácticamente, la nueva norma abarca todo. Se trata, dice el texto, de aquellos que afecten "al afectan al orden público, la seguridad pública y a la salud pública". En la enumeración, el Ejecutivo destaca el sector de infraestructuras tales como "energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, aeroespacial, de defensa, electoral o financiera, y las instalaciones sensibles". En este grupo, cotizadas como las constructoras, ACS, Ferrovial, energéticas como Acciona, REE, Endesa, Enagás, Grifols, etc.
También se refiere a "tecnologías críticas" como "inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, las tecnologías aeroespaciales, de defensa, de almacenamiento de energía, cuántica y nuclear, así como las nanotecnologías y biotecnologías". También habla el texto, por supuesto, de "hidrocarburos" o "materias primas" lo que se refiere, en particular, a Repsol. La petrolera vale hoy en el mercado cerca de 10.000 millones de euros, tras desplomarse un 45% desde hace tres semanas, afectada también por la guerra del crudo.
3. Nada de gobiernos extranjeros
Se limita también la operativa para "los inversores extranjeros que directa o indirectamente estén controlados por un gobierno, organismos públicos o fuerzas armadas de un tercer país", esto es, grandes fondos de pensiones como es el caso del de Singapur, o fondos de inversión como el de Qatar, entre otros.
El Ejecutivo se guarda, asimismo, la baza de poder "suspender" las "inversiones extranjeras directas en nuestro país" en cualquier otro sector que, aunque no se haya mencionado, entiendan que "puede afectar a la seguridad pública, orden público y salud pública".
