La Fiscalía Anticorrupción ha recibido el requerimiento por parte de la Fiscalía Europea (FE) para que le dé traslado de la investigación que se sigue por el contrato de emergencia vinculado a Tomás Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid (CAM), Isabel Díaz Ayuso, pero dado que parte de las diligencias se centra en posibles delitos de corrupción en una administración pública española, desde Anticorrupción se oponen a entregar las diligencias en su totalidad.
La solicitud de la FE llega porque ese contrato de emergencia suscrito por la CAM para la adquisición de mascarillas durante la pandemia se pagó con fondos Feder provenientes de la Unión Europea (UE).
Fue este mes de febrero cuando el fiscal jefe de Anticorrupción decretó que abría diligencias preprocesales al entender que sí resultaba procedente la práctica de determinadas pesquisas, a pesar de que no se dirigía inicialmente contra personas físicas o jurídicas.
De hecho, apuntaba que no trasladaba el asunto a la Fiscalía del Supremo, donde es aforada Ayuso, porque de los hechos denunciados no apreciaba de momento indicio verosímil de delito por parte de ella.
Hoy se ha sabido que la FE se ha dirigido al departamento que dirige Alejandro Luzón porque considera que con ese contrato se ha podido cometer un delito de malversación de fondos europeos.
La reclamación por la FE de este caso abre la puerta a futuras solicitudes por el resto de contratos sobre material de protección firmados en la primera ola de la pandemia. Ayuso ha envíado a la Fiscalía de 12 contratos de Sánchez en pandemia por 326 millones.
Fuentes fiscales consultadas por Europa Press resaltan que desde la FE, cuya representante en España es Concepción Sabadell, se ha pedido así avocar las diligencias a un procedimiento que se ha abierto en su seno por malversación y fraude a los intereses de la Unión Europea, habida cuenta de que ese contrato se pagó con fondos europeos y por tanto tienen competencia en esa materia.
Las fuentes fiscales consultadas indican que Anticorrupción ante esa petición no puede negarse a enviar la documentación recabada, a pesar de que advierten de que no ven que haya habido malversación porque de hecho las mascarillas llegaron a su destino.
España está obligada
Así, entienden que desde la FE pueden abrir el procedimiento por malversación, algo en lo que no puede entrar la Fiscalía española, aunque ya desde Anticorrupción les habrían trasladado que no ven indicios porque las mascarillas se pagaron y se entregaron, tal y como ha confirmado la Cámara de Cuentas de la CAM, que en su informe final reconoce que no ha encontrado irregularidades.
Desde Anticorrupción quieren no enviar a Europa lo relativo a los delitos conexos que se investigan, que nada tienen que ver con la malversación, y que están relacionados con el tráfico de influencias, la posible falsedad en la factura emitid, la prevaricación y las negociaciones prohibidas a los funcionarios. Y se niegan porque estos son delitos de corrupción que no tienen nada que ver con los fondos de la UE.
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