La Fiscalía Anticorrupción tiene previsto llamar a testificar al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el marco de la investigación sobre un contrato para la compra de mascarillas, a través de un intermediario, el propietario de la empresa Priviet Sportive. La Comunidad de Madrid, por su parte, ya ha respondido subrayando que esta actuación se enmarca dentro de la normalidad, máxime cuando hay varias denuncias por parte de la oposición. Si bien, señala que ese contrato ya fue fiscalizado por la Cámara de Cuentas.
En el día en el que Alberto Núñez Feijóo presenta sus 50.000 avales para concurrir a la carrera de la presidencia del Partido Popular, la Cadena Ser se hacía eco de una decisión, la de la Fiscalía tutelada por la exministra socialista de Justicia, Dolores Delgado, de citar a declarar a Daniel Alcázar, dueño de Priviet Sportive, y a Tomás Díaz Ayuso, señalado por la mediación de la venta de 250.000 mascarillas por un valor de 1,5 millones de euros en abril de 2020, justo en los primeros meses del covid-19, y cuando las contrataciones de cualquier administración no estaban sujetas a las requisitos ordinarios, porque se guiaban por un procedimiento de emergencia.
Según la información de la Cadena Ser, a las 7.59horas, la Fiscalía ya habría solicitado un informe a la Intervención General de la Administración del Estado, así como información bancaria de Alcázar y de Tomás Díaz Ayuso para así dirimir supuestas irregularidades como el cobro de comisiones por parte de la CAM, que es el punto en el que inciden los partidos de la oposición, y el punto en el que se apoyó la anterior cúpula del Partido Popular, y cuyo efecto colateral acabó descabezando a los dos principales miembros de la dirección nacional del PP.
Tras las denuncias presentadas por el Partido Socialista de Madrid y Más Madrid, el siguiente paso por parte de la Fiscalía es por tanto la investigación, no habiendo hasta la fecha ninguna imputación. Una vez investigado el caso, y con los testimonios periciales, en la tesitura de no encontrar indicios de delito se procede a incoar el expediente.
La respuesta de la CAM
Este miércoles, el portavoz del Gobierno de Ayuso, Enrique Ossorio, enmarcó en la "normalidad" las posibles llamadas a testificar por la Fiscalía Anticorrupción en la investigación de las denuncias presentadas por el contrato público vinculado al hermano de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.
"La Comunidad de Madrid está conforme, como no puede ser de otra manera, de que la Fiscalía practique todas las pruebas que considere oportunas"
Ossorio ha remarcado que la Comunidad de Madrid está conforme, "como no puede ser de otra manera, de que la Fiscalía practique todas las pruebas que considere oportunas. Seguro que está practicando ya pruebas documentales y si lo considera oportuno que practique todas las pruebas testificales".
En este punto, señaló que desde el Ejecutivo madrileño se ha enviado "toda la documentación" a la Fiscalía y a la Asamblea de Madrid y ha recordado que la Cámara de Cuentas, "aunque le pese a algunos", "fiscalizó el contrato y no dijo absolutamente nada". "Nosotros tenemos la más absoluta tranquilidad de que en este contrato hemos actuado como exige la ley. Nosotros confiamos en la Fiscalía y que practiquen las pruebas que consideren oportunos", zanjaba.
Ayuso señaló a Génova
El 17 de febrero, Isabel Díaz Ayuso comparecía ante los medios en Sol, y desde allí criticaba una operación de espionaje contra su hermano, y desde las entrañas de Génova 13 en connivencia con alguien del Ayuntamiento de Madrid, al tiempo que defendía que Tomás Díaz Ayuso había recibido un pago de 55.850 euros, en concepto de prestación de servicios. Pero que ese pago -mantuvo- era totalmente legal y regularizado en Hacienda.
Entonces, la presidenta responsabilizó directamente a la cabeza de su partido, al que acusó de una campaña de desprestigio personal para segarle el paso a la presidencia del PP de Madrid.
Un día más tarde, Pablo Casado acudía al programa de Carlos Herrera en la Cope, y allí afeaba a Ayuso por las sospechas de que su hermano se hubiera podido llevar presuntamente 300.000 euros en el peor momento de la pandemia.
Precisamente ese es uno de los argumentos que aparecen en los SMS que Mónica García ha entregado a la Fiscalía como prueba acusatoria, mensajes que en primera instancia no fueron tomados como veraces por parte de la dirigente de izquierdas.
El contenido del polémico SMS es el siguiente:
"Querida Mónica, querido Íñigo (Errejón). Os hago llegar un caso grave de corrupción del hermano de Díaz Ayuso. Recurro a vosotros porque no sé cómo denunciarlo a Anticorrupción ni me puedo exponer personalmente. En el peor momento de la pandemia, abril de 2020, la Comunidad de Madrid adjudicó un contrato de 1'5 millones para Epis y mascarillas de Ifema. Lo hizo a la empresa Priviet sportive de Daniel Alcázar, amigo de los Ayuso. Una empresa de calzado y confección que cambió su CNAE días antes. Y cuando ingresó los pagos de la CM hizo transfer por valor de 300.000€ a Tomás Díaz Ayuso.
El supuesto anónimo también mantiene que la CAM estaría camuflando estos pagos con facturas falsas.
Hace apenas unas semanas, el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, consideró por escrito que, en este caso no ha encontrado "indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada", que es Isabel Díaz Ayuso.
La delegada del Gobierno pide comparecencias
Apenas dos horas más tarde de la información de la Cadena Ser (a las 9.45), el portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, y la secretaria general del PSOE de Madrid, a la sazón también Delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Mercedes González, convocaban una rueda de prensa en Ferraz, acto en el que han pedido que a la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid acudan a declarar -lo que no es obligatorio-: José María Aznar, Rafael Catalá, Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, Pablo Casado, Teodoro García Egea, Ángel Carromero y Begoña Villacís.
¿Investigar a Casado y a Egea?
El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha dado traslado a la Fiscalía de Madrid para que informe sobre si habría que investigar al exlíder del PP Pablo Casado y a Teodoro García Egea por manejar supuestamente datos fiscales y bancarios del hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
Sobre este juzgado recayó una denuncia contra el expresidente del PP y el exsecretario general del partido por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos en relación al caso de los supuestos cobros irregulares de Tomás Díaz Ayuso por realizar gestiones con China para traer mascarillas en la primera fase de la pandemia del Covid, algo que investiga la Fiscalía Anticorrupción.
Un abogado de Barcelona interpuso en los juzgados ordinarios de la capital una denuncia después de que Casado manifestase en una entrevista en la 'Cope' que le llegó de forma anónima una información a finales de verano que contenía datos fiscales y bancarios del hermano de Isabel Díaz Ayuso, que no obran en poder de cualquier persona.
Una vez que la denuncia recayó en este juzgado, el instructor ha dado traslado a la Fiscalía para que valore si se debe investigar o no a sendos exlíderes populares, informe que en cuyo caso es preceptivo pero no vinculante, apuntan las mismas fuentes. La petición se realiza en aras a decidir si se admite o no a trámite la citada denuncia.
"Está fuera de toda duda de que alguien, de forma ilegal, hizo llegar a la dirección nacional del Partido Popular información fiscal relativa a Tomás Díaz Ayuso"
En el escrito judicial se expone que "está fuera de toda duda de que alguien, de forma ilegal, hizo llegar a la dirección nacional del Partido Popular información fiscal relativa a Tomás Díaz Ayuso con infracción de la legislación relativa a la protección de datos, lo cual pudiera constituir más de un ilícito administrativo o penal".
