Madrid
Los Ayuntamientos españoles no saben como cuadrar sus presupuestos para 2022, tras la anulación del sistema para establecer el cobro del impuesto sobre plusvalía (IIVITNU) por el Pleno del Tribunal Constitucional (TC), que se regulaba en los artículos 107.1 segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 de la Ley de Haciendas Locales.
Este impuesto que debe ser abonado en operaciones de venta de inmuebles, daciones en pago, donaciones y herencias, es uno de los principales ingresos municipales, casi un 15% de sus ingresos tributarios, unas pérdidas de entorno a 2.500 millones euros anuales.
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha avanzado que una vez que se publique la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que declara nulo el impuesto municipal de plusvalías se analizará su contenido para "tomar una decisión" sobre "quién se tiene que hacer cargo de las pérdidas de recaudación" causadas y ha vuelto a urgir una reforma legislativa que permita restablecerlo.
PP y Ciudadanos han reclamado una compensación para los ayuntamientos tras la anulación, mientras que los socialistas son partidarios de reformar los artículos anulados para que haya seguridad jurídica al cobrar este impuesto.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha pedido "prudencia" mientras el Ministerio de Hacienda estudia "técnicamente" la sentencia completa del Tribunal Constitucional (TC) que anuló este martes el impuesto de plusvalía.
Los especialistas en Derecho Tributario de Garrido Abogados recomiendan esperar a que se conozca el texto de la sentencia, puesto que aún están por determinarse tanto los términos de la inconstitucionalidad como el alcance temporal de la misma, aunque consideran que es seguro dar á lugar a la revisión de muchas liquidaciones.
En la misma línea, la abogada Arantxa Goenaga, socia y abogada de Círculo Legal Barcelona. apunta que habrá que esperar a ver el texto completo de la sentencia para poder realizar una valoración completa de la misma y de sus consecuencias.
Miguel Muñoz Pérez y Manuel Escaplez, socio y abogado de PwC respectivamente, estiman que "parece insostenible que se pudiese mantener este impuesto en la situación en que se encontraba, sin que el legislador haya sido capaz, en los últimos más de cuatro años, de atender el mandato reiterado del TC en el sentido de adecuar el impuesto para que respete los principios constitucionales.
Relacionados
- El Tribunal Constitucional declara inconstitucional el segundo estado de alarma
- El idiota ocupado
- El Constitucional tumba el cálculo de la plusvalía municipal pero el impuesto sigue vigente
- España pagará 10.000 euros y las costas a una mujer a la que se le impidió mantener su apellido por delante al del padre de su hija
