
Los especialistas en fiscalidad estiman que no se debe ceder a las Comunidades Autónomas el Impuesto sobre Sociedades, porque consideran que generaría muchos problemas si las comunidades tratasen de utilizarlo para atraer empresas.
Así, lo ha reconocido Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), para quien no sería necesario modificar las cestas de impuestos actuales, porque las CCAA ya tienen cedidos tramos de la mayor parte de los impuestos importantes, pero sí que considera que es necesario modificar los tipos.
Por el contrario, Antoni Castells, exconsejero de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, ha defendido que "las CCAA debieran tener acceso a todas las bases tributarias emplazadas en su territorio, con el máximo grado de autonomía normativa y administrativa posible".
Así ha quedado patente en el transcurso de la jornada que sobre la Reforma de la Fiscalidad Autonómica y Local ha celebrado el Consejo General de Economistas, en la que su presidente, Valentín Pich, ha señalado que "se debe de acometer urgentemente la reforma de la financiación autonómica, cuyo sistema actual data de 2009, ya que, de no hacerse, será muy difícil hacer un desarrollo ordenado de la capacidad normativa en materia impositiva de las CCAA, que en algunos tributos, como los medioambientales, resulta farragosa y extremadamente compleja".
El presidente de los economistas también ha afirmado que el actual sistema de financiación autonómica es muy poco transparente, "lo que genera tensiones institucionales y dificulta la corresponsabilidad fiscal, dando como resultado un reparto de recursos arbitrario". En cuanto a esta falta de transparencia, Valentín Pich, considera que "el ciudadano debería saber en todo momento lo que paga y a quién le paga, así como quién es el que le presta el servicio".
Introducción de tasas
Respecto a la reforma de la fiscalidad ligada a la financiación autonómica y local, Agustín Fernández, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), considera que "convendría explorar la posibilidad de financiar determinados servicios a través de tasas, precios públicos, peajes o copagos".
"Si se considera que las CCAA necesitan más ingresos, éstos deberían venir de un aumento de la presión fiscal autonómica, no de un regalo del Estado sin contrapartidas. El nivel de los tipos habría que ajustarlo de acuerdo con las necesidades de las diversas Administraciones, de manera que cada una sea responsable de la financiación de sus servicios", ha explicado Ángel de la Fuente.
También ha señalado que "habría que armonizar las bases tributarias para que estas se calculen de la misma forma en todas partes, dejando la elección de tipos en manos de las CCAA. Y que, quizás, podría pensarse en un tope mínimo en sucesiones, aunque sería preferible que, antes, se perfeccionase el cálculo de la recaudación normativa para que las rebajas tengan un coste más claro vía aportación al Fondo de Garantía".
Antoni Castells considera que habría que hallar alguna fórmula como que el Gobierno central estableciera un Impuesto sobre Sucesiones de un tipo impositivo X, y que los impuestos autonómicos fueran deducibles de la cuota de este impuesto en un porcentaje determinado –que podría ser del 100%–, hasta el límite, claro, de la cuota del impuesto estatal. Es lo que hicieron los Estados Unidos al principio del siglo XX, y así lograron evitar su desaparición".
Menos consenso han mostrado los especialistas en lo tocante a la gestión impositiva. Así, De la Fuente ha abogado por unificarla en manos de una Agencia única compartida por Estado y CCAA, en vez de trocear la AEAT "como proponen algunos. Y, por otra parte, habría que dar más información a las CCAA y más peso en la gestión de esa Agencia".
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