Madrid
Es una de las medidas tributarias más polémicas de este año. El Gobierno aprobó en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 una reforma en el Impuesto sobre Sociedades que limita la exención del 100% en la repatriación de dividendos. Desde este año, esta práctica pasa a estar exenta en un 95%. España entra así en el club de los otros siete países que gravan la repatriación de dividendos. Las otras 19 economías europeas de la OCDE eximen por completo al contribuyente de este impuesto.
Los países tienen dos grandes problemas de encaje en su regulación fiscal nacional e internacional para implementar esta medida. Por una parte, un problema Constitucional, puesto que podría generar doble imposición. Por otro lado, afecta también a la libertad de movimiento de capitales. De los 27 países europeos de la OCDE, 19 emplean un sistema tributario totalmente territorial, eximiendo de los impuestos nacionales todos los dividendos y ganancias de capital de origen extranjero. En los ocho países restantes, dichos ingresos están parcialmente exentos de impuestos internos. Ningún país europeo de la OCDE cuenta con un sistema fiscal mundial. ¿Cuánto cuesta en cada país estas prácticas financieras?
De los ocho países con un sistema tributario parcialmente territorial, solo Irlanda grava completamente los ingresos por dividendos de origen extranjero y, al mismo tiempo, exime totalmente los ingresos por ganancias de capital de origen extranjero. Lo contrario es el caso en Polonia. El país grava totalmente los ingresos por ganancias de capital de origen extranjero y exime totalmente los dividendos de origen extranjero. Los seis países restantes tienen exenciones parciales tanto para los dividendos de origen extranjero como para los ingresos por ganancias de capital, aunque Eslovenia permite una exención del 95% sobre los ingresos por dividendos, pero solo una exención del 47,5% sobre las ganancias de capital.
Muchos países tratan los ingresos de origen extranjero de manera diferente según el país en el que se obtuvieron. Por ejemplo, muchos Estados restringen sus sistemas territoriales basándose en una "lista negra" de países que no cumplen con ciertos requisitos. Es el caso de España. Sin embargo, entre los países de la Unión Europea es común restringir la exención de participación a los estados miembros de la UE o al Espacio Económico Europeo.
Problemas de encaje legal
"Evidentemente, restringir una exención técnica, no social, genera doble imposición, si nunca se puede recuperar lo perdido o, cuando menos, socava el principio de capacidad contributiva si lo que se hace es impedirlo en un momento pero se permitiera la recuperación posterior", explica Esaú Alarcón, socio de Gibernau Asesores. "Aunque hay países europeos que aplican algo similar, tiene esos dos problemas de encaje constitucional y, no menos importante, también tiene un problema de restricción de la libre circulación de capitales, que es una libertad recogida del Tratado de la Unión Europea", añade.
El decano del Colegio de Economistas de Valencia, Juan José Enríquez, valoró el impacto de esta medida cuando se estudiaba en los Presupuestos fallidos de 2019. El economista solicitó entonces un régimen transitorio, puesto que estima que con esta rebaja en la exención en los dividendos y las ganancias de capital que se obtengan las filiales españolas en el extranjero tributarían a un tipo efectivo del 1,25% (que se obtiene de multiplicar el 5% de la renta de la sociedad en cuestión por un tipo del 25% que es el tipo en tarifa, el tipo nominal).
La mayoría de Estados bonifican al 100% estos actos para evitar una doble imposición
Así, si la filial repartiese este dividendo a las compañías más elevadas en la pirámide del grupo y estas a su vez lo hiciesen también, hasta llegar a la matriz, compañía superior a compañía superior tributando por ese 1,25% hasta acabar en la matriz, se produciría un efecto en cascada, que llevaría a que se acabase tributando por el 5%. La memoria anual de recaudación de la Agencia Tributaria muestra que la exención de doble imposición es la partida que más afecta al cálculo de la base imponible del impuesto de sociedades y, por tanto, la que más contribuye en las grandes empresas a la gran diferencia entre el tipo efectivo (6,14%) y el nominal (25%).
Las cifras de recaudación revelan que las sociedades registraron un resultado contable positivo de 198.202 millones de euros durante 2016, último año con datos disponibles. De esta cantidad, las empresas se descontaron 105.332 millones por dividendos y beneficios recibidos de sus filiales en otros países para evitar la doble imposición.
A finales de 2019, muchas compañías optaron por adelantar el pago de dividendos a diciembre con la intención de evitar la subida de impuestos acordada entonces en el pacto presupuestario firmado por PSOE y Podemos y tras los anuncios de que un nuevo Gobierno de ambas formaciones pueda elevar los impuestos. Las empresas quisieron evitar así una posible tributación del 5% de los dividendos repatriados del exterior, con la que el Ejecutivo calcula que podría recaudar 1.776 millones en un año.
Ante el cambio y según los datos de la Agencia Tributaria, en el año 2018 el segundo pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades creció en los grupos consolidados un 37,4%. Según los informes de recaudación, las empresas, previsión de esta reforma, abonaron a Hacienda 23.958 millones en anticipos a cuenta, de los cuales 13.509 millones procedían de los grupos consolidados, la mayor parte de las empresas del Ibex 35.
Profundiza en la brecha
Esta tendencia de gravar los beneficios que se producen fuera del país no termina con este límite a las exenciones. El impuesto mínimo global del G7 -firmado por Alemania, Canadá, los Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido- aumenta las tensiones entre las grandes y las pequeñas economías europeas. La medida está rubricada por las tres mayores potencias europeas: Alemania, Francia e Italia. Son las mismas economías que limitan la exención para repatriar dividendos o ganancias de capital.
Las pequeñas economías se resisten porque creen que consigue atraer inversiones
Estas medidas han abierto más tensiones entre los socios europeos. Irlanda y Hungría lideran por el momento la respuesta al G7. El ministro de Finanzas irlandés, Paschal Donohoe, advirtió que Irlanda desafiará la decisión del G7 y "luchará" por mantener su tipo del 12,5% en el Impuesto sobre Sociedades. Donohoe habló con Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. El irlandés trasladó a la Administración Biden que "todavía existe un papel para la competencia fiscal legítima, particularmente para las economías más pequeñas". Donohoe espera que otros países se sumen a su petición e impugnen la decisión del G7. "Necesitamos poder utilizar la política fiscal como una forma legítima de compensar las ventajas de escala", dice.