Madrid
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó en un comunicado el informe del Consejo de Europa en el que se compara la justicia española con la turca y se obvian los principios de legalidad, separación de poderes, independencia judicial e igualdad en la aplicación de la ley, en sus recomendaciones a los jueces españoles para que dejen sin efecto los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes huidos al extranjero, así como que se abandone el resto de los procedimientos penales contra funcionarios de menor rango implicados en el referéndum ilegal del 1-O.
Explica la Cúpula Judicial que los procesados fueron condenados en un juicio público y con todas las garantías procesales por delitos de sedición y de malversación de caudales públicos, en aplicación del Código Penal aprobado en 1995 por el poder legislativo y cuyos impulsores bautizaron como el Código Penal de la democracia.
Las condenas en ningún caso se impusieron por la expresión de opiniones, tal y como señaló el Tribunal Supremo en su sentencia 459/2019 . En ella, se afirma que: "No se castiga por difundir opiniones o doctrinas contrarias al actual estatus constitucional. Tampoco por propugnar una superación del marco político vigente. La libertad de los acusados, en este punto, permanece incólume.
Destaca el CGPJ la nota del Ministerio de Asuntos Exteriores español en el que se decía que el informe del Consejo de Europa "parte de un planteamiento erróneo", como es que los líderes independentistas fueron procesados por expresar sus ideas en el ejercicio de su mandato y que "ese prejuicio contamina todo el texto".
