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La supresión de los pagos en efectivo es considerada por un juzgado como "innecesaria" para el control del fraude fiscal

  • La sentencia anula una multa de 50.000 euros por cobrar un cheque al portador en una operación inmobiliaria
Foto: Istock

La prohibición absoluta del uso de pago de títulos bancarios al portador y su exclusión definitiva de tráfico económico constituye "una medida innecesaria y desproporcionada a los fines del control del fraude fiscal" y se "opone al principio general de admisión del euro como moneda de curso legal, extintiva de las obligaciones", según establece el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valencia, en sentencia de 25 de febrero de 2021.

La titular del Juzgado, la magistrada-juez Alabau Martí, ha anulado una sanción de 50.000 euros impuesta por Hacienda a una empresa que cobró 200.000 euros de otra con un cheque al portador por una operación inmobiliaria, al entender que la medida resulta desproporcionada e innecesaria y contradice el Derecho comunitario y la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Estima Alabau Martí que "esta limitación que de hecho y de derecho, supone la supresión de los pagos en efectivo, y en títulos al portador, a partir de una determinada cuantía, en la medida en que se contrapone al principio general de aceptación del euro como moneda de curso legal liberadora de las obligaciones en el seno de la UE, ha de ser necesaria para garantizar el fin perseguido, y proporcional en los medios empleados".

La magistrada considera que la supresión del dinero en efectivo para transacciones superiores a los 2.500 euros en las que intervenga un empresario o profesional, prevista en la Ley 7/12 de 29 de noviembre, no se puede aplicar de forma generalizada.

"En la medida en que se contrapone al principio general de aceptación del euro como moneda de curso legal liberadora de las obligaciones en el seno de la UE, ha de ser necesaria para garantizar el fin perseguido y proporcional en los medios empleados", precisa.

Normativa financiera

La Inspección Regional de la Administración Estatal de la Agencia Tributaria (AEAT) multó a la mercantil por una infracción de la normativa financiera sobre pagos en efectivo recogida en la Ley 7/12 de 29 de noviembre.

La sociedad sancionada había recibido en el año 2017 un cheque al portador por importe de 200.000 euros girado contra una cuenta bancaria de la pagadora, como parte del precio total de 3,3 millones de euros fijado entre ambas empresas por la venta de 36 locales comerciales situados en un edificio de Benidorm.

El Juzgado ha estimado ahora en el recurso de la vendedora, en una sentencia contra la que cabe recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

La magistrada cita en apoyo de sus conclusiones una sentencia reciente del TJUE

En el caso examinado, prosigue, "el control tendente a evitar el fraude fiscal está perfectamente garantizado por medio de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo", que obliga a las entidades financieras a identificar a las personas que intervienen en estas operaciones y a conservar documentación de las mismas.

La magistrada cita en apoyo de sus conclusiones una sentencia reciente del TJUE, de fecha 26 de enero de 2021, que avala un dictamen del Banco Central Europeo que recomienda que las limitaciones establecidas por los Estados miembros a la circulación de efectivo sigan un criterio de proporcionalidad.

Esa jurisprudencia establece como principio general la aceptación del dinero en efectivo y señala que los jueces de cada Estado de la UE han de apreciar los criterios de proporcionalidad y necesidad de las restricciones a dicho principio.

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forum Comentarios 5

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no cabe un tonto mas
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No es nuevo este tipo de pagos esta avalado en la UE tanto por la directivas comunitarias así como el TSJ Europeo, lo que me resulta extraordinario es que un pais miembro de la UE como España se atreva a imponer una multa por este tipo de transacciones en efectivo totalmente legitimas entre empresas o particulares dentro de Europa.

Luego nos quejamos de la falta de iniciativa privada en este pais pero es que viendo estas cosas nadie quiere perder el tiempo en montar un negocio.

Eso si luego no hay tiempo para perseguir a las multinacionales y famosillos que se lo llevan calentito y fuera de Europa, con lo que el fisco no ve un céntimo.

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#1
Manolillo
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Aquí los jueces lo mismo entienden de vacunas, de hostelería o de si el pago en efectivo facilita el fraude o no. Cualquiera sabe que a mayor facilidad para rastrear transacciones, menos fraude hay.

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#2
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Si, claro. Controlan el fraude, además de DONDE, CUANDO, CUANTO y en QUÉ gasta la gente su dinero... ¡Que se vayan a...!

Esa información pertenece a la privacidad de las personas y DEBE respetarse.

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#3
Manolillo
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#3. "Controlan el fraude, además de DONDE, CUANDO, CUANTO y en QUÉ gasta la gente su dinero".

Claro, como debe ser. La privacidad de las personas debe ceder si se trata del control de algunos avariciosillos que gustan de gastar no solo su dinero de forma insolidaria, sino también de una parte del de los demás.

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#4
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4 ...algunos avariciosillos que gustan de gastar no solo su dinero de forma insolidaria...

Claro hay que ser solidarios como el gobierno con la banca usando dinero público, o subiéndose los sueldos e incentivos como les da la gana. Mientras, millones de ciudadanos malviven con las solidarias políticas sociales. No, prefiero la libertad y el riesgo "insolidario" de la privacidad.

Puntuación 0
#5