Madrid
El Gobierno ha recortado la pensión a centenares de funcionarios de Justicia (jueces, fiscales, letrados de la Administración y cuerpos generales y especiales) por un cambio de criterio en el reconocimiento de las cotizaciones, según denuncia CSIF, el sindicato mayoritario en la Administración Pública.
Es el primer efecto del cambio de gestión del régimen de clases pasivas cuyas competencias, desde el 6 de octubre, han pasado de Hacienda a la Seguridad Social (SS).
CSIF, en una nota, denuncia que ya avisó de las posibles consecuencias del traspaso y se ha dirigido a los grupos parlamentarios para blindar las pensiones del colectivo en el marco del Pacto de Toledo.
Hasta el 6 de octubre, los funcionarios de Justicia que se jubilaban por el régimen de clases pasivas veían reconocidos los periodos trabajados y no cotizados previos a 1990 (el personal interino no cotizaba a efectos de pensión hasta esa fecha, hasta que el Gobierno regularizó su situación en 1982).
La SS lo ha ignorado y ha modificado el criterio, a pesar de que existen fallos judiciales favorables. Esta decisión obliga ahora a los funcionarios a jubilarse dos años después.
