Madrid
El Gobierno aprobó este martes, en el Consejo de Ministros, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que dará la instrucción de los asuntos a los fiscales. La normativa supone la transformación integral del proceso penal y obligará a cambiar el Estatuto del Ministerio Fiscal y a crear la figura de un juez de garantías que vigile el proceso.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, explicó en rueda de prensa que la reforma integral del proceso penal "no es ya una necesidad, sino una obligación". A su juicio, "reformar la LeCrim es un ejercicio de coherencia constitucional y de cumplimiento del mandato de la Unión Europea". Además, agregó, "supone una obligación política, en un momento de transformación del país como el que estamos viviendo. No sería legítimo no hacerlo".
El ministro indicó que la reforma "no se puede aplazar por más tiempo", ya que la ley actual se encuentra "totalmente superada" Tiene 138 años y ha sufrido ya 77 reformas, 54 posteriores a la promulgación de la Constitución.
Campo señaló que, en cuanto al ámbito europeo, la reforma del proceso penal, impulsada por ambas normas, cumple dos objetivos. El primero es armonizar nuestro sistema con el de los países de nuestro entorno, donde la investigación está al cargo del fiscal. El segundo, es incorporar a nuestro ordenamiento la nueva figura del Fiscal Europeo. A este respecto, el ministro Juan Carlos Campo indicó que "atribuir la investigación al fiscal, no es ya una opción, sino una obligación establecida de forma clara y directa por la Unión Europea".
Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó también el Anteproyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía Europea. Según fuentes del Ministerio de Justicia, "la aprobación del Reglamento de la Fiscalía Europea en 2017 constituyó el impulso definitivo a la reforma estructural del proceso penal español puesto que viene a introducir, por mandato directo de la Unión Europea, la figura del Fiscal Investigador en nuestro sistema jurídico." A la Fiscalía Europea, como órgano con personalidad jurídica propia, se le atribuyen, según señala el considerando 11 del Reglamento de la Fiscalía Europea, las funciones de "investigar, procesar y llevar a juicio a los autores de los delitos contra los intereses financieros de la Unión".
Durante su intervención, el ministro destacó la estrecha relación que existe entre la nueva LeCrim y la Ley de Fiscalía Europea, ya que, según explicó, "comparten un mismo espíritu, el de la investigación penal moderna y europea a cargo del ministerio fiscal".
El titular de Justicia añadió que, además de la modernización y actualización del modelo de enjuiciamiento penal, la nueva LeCrim incorpora nuevas herramientas para la lucha contra la criminalidad y refuerza las garantías de los intervinientes en el proceso penal.
Renovación del CGPJ
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, volvió a insistir al PP sobre la necesidad de alcanzar un acuerdo que permita renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el próximo 4 de diciembre cumplirán dos años en funciones. "La no renovación no es una alternativa constitucionalmente aceptable", señaló.
Campo fue preguntado por este asunto durante la rueda posterior al Consejo de Ministros. "Estoy seguro de que el PP volverá a ser ese partido de Estado que queremos, que se atenga a dar viabilidad a la democracia", señaló sobre la necesidad de un pacto con el principal partido de la oposición.
Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, negó este martes que el pacto para la renovación del CGPJ esté prácticamente cerrado e insistió en las condiciones que pone su formación para negociar. Casado pidió retirar la proposición de ley de reforma judicial que registraron PSOE y Unidas Podemos en el Congreso y excluir al partido morado.
