El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa hace un llamamiento a España para que desarrolle una estrategia anticorrupción integral y mejore su marco jurídico para prevenir la corrupción en las principales funciones gubernamentales y en los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Este informe se ha publicado hoy junto con un informe de cumplimiento en el que se reconocían los progresos realizados por España en la aplicación de sus recomendaciones sobre prevención de la corrupción en relación con parlamentarios, jueces y fiscales, pero también se pedía que se realizaran nuevos progresos
El informe sobre la prevención de la corrupción entre las principales funciones ejecutivas del gobierno y los organismos encargados de hacer cumplir la ley reconoce que las autoridades españolas han realizado esfuerzos positivos en los últimos años para adoptar y modificar leyes y reglamentos contra la corrupción; sin embargo, la supervisión y la rendición de cuentas son su aspecto más débil. En la actualidad, existe una gran diferencia entre la legislación y su aplicación en la práctica.
GRECO recomienda hacer mejoras decididas en materia de transparencia y prevención de conflictos de intereses para los altos funcionarios del gobierno, incluidos los asesores políticos, una categoría de personas que actualmente se encuentra en una zona gris. También establece que la independencia, poderes y recursos de la Oficina de Conflictos de Intereses y del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno deben ser mejorados significativamente.
Además, pide normas y procedimientos más estrictos para hacer frente a los riesgos de las puertas giratorias cuando los funcionarios gubernamentales dejan sus funciones para trabajar en el sector privado y el cabildeo. Asimismo, debe revisarse el sistema de responsabilidad penal de los altos funcionarios (aforamiento).
Fuerzas de Seguridad
En lo que respecta a los organismos encargados de la aplicación de la ley, el GRECO también insta a la Policía Nacional y a la Guardia Civil a que mejoren sus mecanismos internos de prevención de la corrupción, en particular mediante una mejor evaluación y gestión de los riesgos y el refuerzo de las normas éticas y su comunicación cotidiana.
Se recomienda también una mayor transparencia, objetividad y equidad en relación con los procesos relacionados con la carrera y la asignación de primas, medallas y otros beneficios.
Por último, recomienda algunas mejoras en la protección de los denunciantes en los organismos encargados de hacer cumplir la ley, al tiempo que lamenta que en España todavía no se haya introducido un marco completo y eficaz para la protección de los denunciantes.
Esta institución confía en que las 19 recomendaciones incluidas en su informe ayuden al gobierno español en su agenda anticorrupción. La aplicación de estas recomendaciones será evaluada por GRECO en 2021.
En su informe de seguimiento, que evalúa el progreso en la implementación de las 11 recomendaciones relativas a parlamentarios, jueces y fiscales publicadas en su informe de evaluación de 2013, GRECO concluye que, debido a los avances logrados, el nivel de cumplimiento de España ya no es "globalmente insatisfactorio" y, por lo tanto, ya no está sujeto a su procedimiento de no cumplimiento.
Esta evolución positiva se ha producido siguiendo los pasos del Parlamento para mejorar su marco de integridad adoptando normas éticas y asociándolas a un organismo dedicado a su aplicación. Se han introducido requisitos adicionales de divulgación para los diputados. Sin embargo, GRECO espera una acción más decidida con respecto a la regulación de los grupos de presión.
Poder Judicial
GRECO también reconoce varias novedades destinadas a infundir mayor transparencia y rendición de cuentas en el sistema judicial. No obstante, pide que se introduzcan nuevas mejoras en el sistema de nombramiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de los altos cargos del poder judicial.
Pide mejoras en el sistema de nombramiento del Poder Judicial y de los altos cargos judiciales
GRECO concluye que el país ha aplicado plenamente dos de las once recomendaciones. Se han aplicado parcialmente ocho recomendaciones y sólo una de ellas sigue sin aplicarse.
Relacionados
- La Junta de Castilla y León abre la consulta pública para crear una agencia de lucha contra la corrupción
- Ximo Puig, en la entrevista pagada a The Guardian: La mejor cura para la corrupción es la transparencia
- Pujol y el coste de la corrupción en Cataluña
- Anticorrupción pide la imputación de BBVA por corrupción, cohecho y revelación de secretos por el caso Villarejo