"Un marco institucional que establezca una regulación eficiente, estable y predecible, que garantice de forma efectiva la seguridad jurídica, no solo formal, a través del cumplimiento de contratos, es clave para el buen funcionamiento de las empresas y, por tanto, del crecimiento económico del país", concluye el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en su informe Las buenas prácticas regulatorias.
Por ello, el IEE plantea en este informe unas buenas prácticas legislativas que se inician con la seguridad jurídica, la estabilidad y la predictibilidad.
Aclara el informe, que esto no significa que las normas no puedan y deban evolucionar en el tiempo para adaptarse a las realidades de cada momento, sino que estos cambios deben ser graduales, y evitando procedimientos de urgencia. Además, las actuaciones deben ser previsibles, en el sentido de que no supongan cambios drásticos respecto a la regulación anteriormente existente.
Para Gregorio Izquierdo, director general del IEE, "la seguridad jurídica es uno de los principales pilares del Estado de derecho, por lo que está protegida por la Constitución de 1978, se incluye dentro de las garantías del individuo contra la arbitrariedad de los poderes públicos y se basa en tres principios fundamentales: conocimiento de la normativa vigente, calidad técnica en la elaboración y estabilidad del ordenamiento jurídico". A ello, considera que hay que añadir la protección del Derecho comunitario a través del principio de confianza legítima.
Aboga el IEE por la accesibilidad y participación en el proceso regulatorio. Señala el informe que un principio básico para una buena regulación es favorecer la participación de los agentes del sector.
Por ello, estima que es conveniente que las decisiones que se vayan a adoptar sean precedidas de consultas, y seguidas de un diálogo participativo, tanto a las empresas, como a las organizaciones empresariales, de manera que se puedan contrastar los puntos de vista y se analicen con transparencia las consecuencias que un posible cambio regulatorio pueda tener sobre la actividad.
Por otra parte, se considera preciso actuar con eficacia, orientación, proporcionalidad y justificación de las propuestas normativas. El análisis y la preparación de nuevas normas deben hacerse como respuestas a una necesidad previamente detectada. En ese sentido, un seguimiento continuado y colaborativo dentro del sector puede ayudar a identificar las necesidades existentes, presentes y futuras, que pueden dar lugar a posibles cambios normativos.
El informe asegura que solo un marco institucional eficiente y estable ayuda al desarrollo de las empresas
Y además, las nuevas normas que se elaboren, así como las decisiones de los órganos de regulación, deben ser coherentes entre sí y evitar contradicciones con otras normas ya existentes. Además, la legislación debiera ser sencilla, ordenada y transparente.
