Los órganos judiciales españoles dictaron un total de 13.252 sentencias penales en el ámbito de la violencia de género en el segundo trimestre del año, de las que el 69,74% (9.242) fueron condenatorias, lo que supone un incremento de 1,4 puntos respecto a las sentencias condenatorias dictadas en el mismo trimestre de 2018, que representaron un 68,4% del total.
Según los datos estadísticos dados a conocer ayer por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el mayor porcentaje de condenas se produjo en las Audiencias Provinciales y en los juzgados de violencia sobre la mujer, en ambos casos en torno al 87% del total de sentencias dictadas. Un 57,6% de las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal también fueron condenatorias.
Un total de 38.723 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género en las 40.495 denuncias presentadas en los órganos judiciales durante el segundo trimestre de 2019, según los datos proporcionados por el Servicio de Estadística del CGPJ. Tal y como sucediera en el mismo trimestre del pasado año, se observa una disminución tanto en el número de denuncias como en el de mujeres víctimas, en ambos supuestos superior al 3,7%.
Las denuncias presentadas suponen una disminución del 3,76% con respecto a las denuncias que se presentaron en los órganos judiciales en el mismo trimestre del año anterior, que fueron 42.077. Asimismo disminuyó en un 3,75% el número de mujeres víctimas de violencia de género, ya que en el segundo trimestre de 2018 fue de 40.232. En el segundo trimestre de 2019, de las víctimas, 26.286 mujeres eran españolas y 12.437, extranjeras, un 32,12 por ciento.
Sube un 3,6% la petición de órdenes de protección y un 2,8% las concedidas
En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres destacan por encima de la media nacional -que fue de 16,2- las comunidades de Canarias, con una ratio de 22,6; Baleares, con una ratio de 21,9, y la Comunidad Valenciana, con una tasa del 21,5, mientras que la ratio más baja se dio en Aragón, con 9,8; Castilla y León, con 10,1; Galicia, con 11, y Extremadura, con 11,7.
Más de un 71% de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de los correspondientes atestados policiales. Lo que supone un descenso de cuatro puntos sobre el porcentaje observado en el segundo trimestre del año anterior.
Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en el 13,7% de los casos constatándose un incremento en las denuncias presentadas por familiares directamente ante los órganos judiciales, aunque el porcentaje, incluyendo las denuncias de familiares, sigue bajo, un 3% del total.
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