Desde el año 2013, un total de 243 menores han perdido a sus madres, asesinadas por sus parejas. El 73% de las mujeres que perdieron su vida así en este período han dejado hijos menores con necesidades básicas que, en ocasiones, no son fáciles de cubrir por los familiares que se han hecho cargo de ellos. La búsqueda de una reparación de este daño desde las instituciones públicas ha constituido el motor del Fondo de Becas Soledad Cazorla, que ahora pide a la Seguridad Social una mayor implicación para hacer efectiva la ley aprobada en marzo y llamada a garantizar los derechos de estos niños.
"Pedimos a la Seguridad que actúe de oficio para la concesión de becas y ayudas a las familias, que se ven sin mecanismos para solicitarlas tras la publicación de la ley", ha explicado Joaquín Tagar, promotor del Fondo de Becas, en la presentación del informe anual sobre la situación de los huérfanos de la violencia de género en España. Esta iniciativa privada articulada junto a la Fundación Mujeres desde hace tres años presta ayuda en la actualidad a 16 familias de todo el país con 25 huérfanos -19 menores de edad-. Las 32 becas actualmente concedidas -con otras cinco aún pendientes de resolución- aportan a las familias 2.000 euros anuales para colaborar en los gastos educativos y de apoyo psicológico que los hijos de mujeres asesinadas necesitan para salir adelante.
Sin embargo, la auténtica necesidad es la puesta en marcha y el desarrollo efectivo de la ley 3/2019 del 1 de marzo, que reconoce una prestación efectiva para la orfandad de los hijos vulnerables que deja una tragedia cotidiana en España. Tanto Tagar como Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, consideran clave la actuación de oficio de la Seguridad Social para que pueda resolverse la prestación de 710 euros contemplada en la ley -en la actualidad, la ayuda única por orfandad no llega a los 200 euros-.
La directora de Fundación Mujeres ha denunciado la falta de información en las oficinas de la Seguridad Social en relación a la ley, que acaba derivando a las familias a reclamar la prestación por vía judicial. Esta opción supone un mayor esfuerzo económico que, con frecuencia, resulta inasumible para los afectados.
Ninguna familia ha cobrado aún la prestación de los 710 euros reconocida en la ley
"Cuando desarrollamos los sistemas de protección, nos encontramos con que el derecho civil, el mercantil, el administrativo, no contemplan estos casos", ha advertido Marisa Soleto, una realidad de la que se vale para pedir a la Administración que acelere los procesos y ponga en marcha la ley aprobada de un modo efectivo. "Ninguna familia ha cobrado aún la prestación de los 710 euros reconocida en la ley", ha constatado.
Cuando los dos progenitores comparten la hipoteca o la propiedad de la vivienda, la liquidación de bienes se ralentiza durante años y beneficia al maltratador sobre los herederos
Ambos portavoces de una iniciativa que lleva tres años acompañando a los huérfanos y sus familias han incidido en los graves problemas de carácter patrimonial que afectan a estos niños por el hecho de que el Derecho no contempla sus casos específicos. Cuando los dos progenitores comparten la hipoteca o la propiedad de la vivienda, el escenario más común, la liquidación de bienes se ralentiza durante años y beneficia al maltratador sobre los herederos. "El asesino puede beneficiarse del daño causado cuando, tras el asesinato, el seguro de vida adquirido con la hipoteca provoca la resolución de la misma", relata Joaquín Tagar. Es decir, que el criminal puede verse con su propiedad recién pagada por obra y gracia del seguro. La casa puede esperar a su salida de prisión.
No es el único caso cuestionable. Los menores pueden llegar a acumular una enorme deuda cuando finalmente se liquidan los bienes en su favor, debido a los impuestos que quedan impagados durante todo el proceso.
Hacienda, la otra clave para las familias
Además de a la Seguridad Social, Tagar y Soleto han pedido la colaboración de la Agencia Tributaria para dotar de exenciones fiscales a estas familias y, principalmente, que las ayudas y prestaciones que reciban estén exentas de tributación. En muchos casos, estas becas económicas suponen que las familias se vean obligadas a realizar la declaración de la renta por el aumento de sus ingresos, lo que supone restar efectividad al apoyo monetario.
La justicia también ha sido interpelada desde la Fundación Mujeres y el Fondo de Becas Soledad Cazorla, que piden un cambio de perspectiva que favorezca la vida de los menores y sus familiares. "Un padre maltratador nunca podrá ser un buen padre", subraya Joaquín Tagar, quien apuesta por que la patria potestad de los progenitores asesinos sea inmediatamente suspendida tras cometer el crimen. En su experiencia en el acompañamiento de las familias, estos portavoces han denunciado el veto por parte de los padres encarcelados a las ayudas que pueden recibir sus hijos, y su actuación contraria al beneficio de los mismos en múltiples ocasiones.
Los huérfanos, en Europa
Marisa Soleto se ha referido asimismo a su experiencia ante el Parlamento Europeo, que han visitado en dos ocasiones para visibilizar el problema de los huérfanos de la violencia machista. La directora de Fundación Mujeres ha explicado que otros países como Francia o Alemania van muy por detrás de España. "Casi ningún país europeo acepta el concepto de violencia de género, lo tratan como violencia doméstica", ha apuntado para aclarar, después, que no es que el problema no exista fuera de España. "En Francia, una investigación sobre el tema desveló que una mujer muere allí cada tres días, pero no se ve en los medios".
Fundación Mujeres y el Fondo de Becas Soledad Cazorla quieren continuar trazando una línea de trabajo a nivel europeo, un escenario internacional en el que han percibido la necesidad de impulsar la homogeneización de las legislaciones.
