"Los peritos que asesoran a los jueces en los procesos por delito fiscal algunas veces son los mismos inspectores de Hacienda que instruyen los procedimientos de inspección, aunque lo tiene expresamente prohibido por el Tribunal Supremo (TS), y la Audiencia Nacional (AN), por ello, los afectados están recurriendo estos procedimientos para que se anulen la pruebas", ha denunciado el presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), José Ignacio Alemany.
Las sentencias a las que se refiere Alemany son, la del Tribunal Supremo, de 23 de junio de 2008 y de 20 de enero de 2006, así como la de la Audiencia Nacional, de 19 de abril de 2007.
Según ha explicado Alemany, "el juez pide expresamente que venga el inspector instructor, porque es el que más sabe del caso. Esto ocurre desde los diez últimos años y, además no se celebran tantos juicios como se debieran hacer, lo que genera un tapón en los tribunales".
El Supremo tiene establecido que los funcionarios de la Agencia Tributaria no pueden ser considerados peritos
El TS tiene establecido que "los funcionarios de la Agencia Tributaria (Aeat) no pueden ser considerados peritos y sus declaraciones, en todo caso, sólo pueden ser tenidas en cuenta a los efectos de ratificar y ampliar, si corresponde, los hechos constatados en las actas de la Inspección".
También, la Audiencia Nacional ha determinado que "los funcionarios de la Inspección que intervinieron como actuarios en el expediente administrativo no merecen la consideración de peritos" y aclara que "los funcionarios al servicio de la Hacienda Pública, cuya opinión sirve de apoyo para fundar la acusación Pública, contra los contribuyentes implicados, por ello tales funcionarios quedan insertos en la línea de la acusación del Ministerio Público, con evidente interés en que la misma prospere, por lo que asumen la doble posición procesal de denunciante y perito".
Finalmente, se destaca en la jurisprudencia del TS que"no puede hablarse, por consiguiente, de una privación de medios probatorios, sufrida por el recurrente, ya que la prueba pericial fue admitida, se practicó e, incluso, fue valorada por el Juzgador, aunque, como queda dicho, sus contenidos se rechazaron y no sólo por la desnaturalización que, como tal prueba pericial, el Tribunal de instancia sostuvo que sufría, sino también con argumentos razonados, que encontraban su apoyo en otras pruebas contradictorias practicadas".
Acuerdos obligados
Alemany ha explicado que hay "un aumento de querellas por delito fiscal para responder al afán recaudatorio de la Aeat, querellas que muchas veces se resuelven con acuerdos, que es una vía mucho más cómoda y rápida para recaudar".
En el transcurso de una jornada de análisis sobre las novedades en Delito Fiscal, celebrada por Aedaf y el Consejo del Poder Judicial (CGPJ), Alemany ha dicho que las reformas de la normativa tributaria tratan más cada vez al contribuyente como presunto defraudador.
El presidente de los asesores fiscales ha cargado en particular contra la reforma de la Ley General Tributaria en el caso de la liquidación vinculada a delito, que permite a la Administración liquidar y cobrar una deuda tributaria a pesar de que se mantenga abierto un proceso penal.
En su opinión, la caída de los ingresos tributarios derivado de la crisis ha generado un "afán recaudatorio" que se ha traducido en un menor control de legalidad de las liquidaciones, lo que ha su vez supone un repunte de los recursos. Además, ha concluido señalando que "los jueces se ven desbordados por este aluvión de querellas y, en algunos casos, y dada su falta de especialización en temas tributarios, tienden a descansar en las conclusiones de la Aeat".
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