Jueces y fiscales descartan una huelga inmediata pero advierten que se retomará si no hay cambios

Las cinco asociaciones de jueces y fiscales que convocaron la huelga de los días 1, 2 y 3 de julio descartan prolongarla de forma inmediata, pero advierten que retomarán nuevas medidas si no se producen cambios sustanciales en las normas que plantea el Gobierno.

Las cinco organizaciones, Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se reunieron este viernes para evaluar el impacto de las movilizaciones y acordar nuevas acciones en el futuro.

Asimismo señalan que viajarán del 7 al 9 de julio a Estrasburgo para reunirse con eurodiputados y altos representantes del Parlamento Europeo para exponer su preocupación por la independencia judicial en España.

Jueces y fiscales califican la huelga de histórica, ya que tuvo un respaldo medio del 70% de los profesionales. "Ha supuesto un punto de inflexión en la defensa de los derechos de la ciudadanía, la independencia judicial, la dignidad profesional y los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad", indicaron las asociaciones en un comunicado. "Se trata de la mayor huelga judicial desde la recuperación democrática, reflejo de la gravedad de las reformas legislativas en curso", dicen.

La protesta

Los profesionales reclaman que el Ejecutivo modifique la ley para reformar el acceso a la carrera judicial y fiscal, que remitió al Congreso en mayo, y el anteproyecto de ley para modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que aún no ha enviado a las Cortes. Según las asociaciones, ambas normas suponen un retroceso en la independencia judicial.

Concretamente rechazan la introducción de 1.004 jueces y fiscales sustitutos mediante un examen creado específicamente para ellos y más simple, ya que vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad para acceder a la función pública y supone un agravio comparativo con las 4.000 personas que en la actualidad se preparan las oposiciones.

Denuncian que se les otorgue a los profesionales que acceden a estas carreras por el cuarto turno (juristas de reconocida experiencia) cinco años de antigüedad ficticia.

También critican que el Centro de Estudios Jurídicos, dependiente del Gobierno, pase a tener las competencias para preparar opositores ante el riesgo de selección ideológica y que se limite la financiación de las asociaciones judiciales y fiscales.

Asimismo, rechazan que las Cortes designen a 4 de los 9 miembros de la Comisión de Ética Judicial; que se reduzca la representatividad de la carrera en la elección de miembros de Salas de Gobierno; y que refuerce el poder del Fiscal General del Estado en un momento en el que se va a pasar la instrucción de los casos penales a la Fiscalía.