Ayer el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, fue trasladado a prisión preventiva por varios delitos tras aseverar el Supremo que existen "notabilísimos indicios" de su partición en la trama corrupta que viene acechando al partido en los últimos meses. Se le acusa de cohecho, participación en organización criminal y tráfico de influencias, tres actos de corrupción que el Código Penal español castiga con contundencia.
A continuación veremos cómo está regulado el primero de estos delitos, el de cohecho, y qué penas recoge el Código Penal para con estos criminales, así como las consecuencias legales que pueden enfrentar por incurrir en él.
Qué es el cohecho
El cohecho es un delito contra la Administración Pública que se refiere al acto de que una "autoridad o funcionario público" solicite, reciba, ofrezca o acepte una "dádiva, favor o retribución de cualquier clase" para que actúe conforme a los intereses de otra persona, que puede representarse a sí mismo o a un tercero, y requerirle para que trabaje de forma contraria "a los deberes inherentes" a su cargo o para que omita ciertas prácticas del mismo.
Así se acota en el artículo 419 del Código Penal donde, hasta el artículo 427 bis, se regula la definición de este término popularmente conocido como soborno así como las penas que puede enfrentar el que lo comete, habiendo una serie de supuestos según quiénes intervengan y para con los actores.
Se entiende que los que participan en el delito de cohecho están obstruyendo el normal funcionamiento de los servicios públicos, dado que la persona que lo comete dificulta al Estado actuar conforme lo que se esperaría de él y a los ciudadanos no acceder a los servicios que requieren.
Esto es lo que se conoce como cohecho pasivo, cuando un funcionario o autoridad pública solicita, acepta o recibe un beneficio a cambio de actuar conforme a los intereses de otra persona. No obstante, el artículo 424 del Código Penal se refiere también a la existencia del cohecho activo, que se refiere al particular que ofrece, promete o entrega un beneficio o regalo para que el funcionario actúe o se abstenga según lo que le convenga.
Cómo se castiga
Las penas del delito de cohecho pueden variar según quién haya sido el autor de los hechos y la conducta que se haya llevado a cabo, teniendo la siguiente clasificación conforme a lo que establece el Código Penal:
- El funcionario que reciba o solicite un soborno para realizar un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo (no realizar o retrasar injustificadamente un acto) incurrirá en la pena de prisión de 3 a 6 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio de derecho a sufragio pasivo por tiempo de 9 a 12 años, según el artículo 219.
- El funcionario que reciba o solicite un soborno para realizar un acto propio de su cargo incurrirá en la pena de prisión de 2 a 4 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 5 a 9 años, según lo establecido en el artículo 420 del Código Penal.
Las penas anteriores, conforme a lo estipulado en el artículo 421, se impondrán también cuando la retribución que reciba o solicite la autoridad pública actúe como recompensa de las conductas descritas. Asimismo:
- El funcionario que acepte un regalo en consideración a su cargo o función incurrirá en la pena de prisión de 6 meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de 1 a 3 años, según el artículo 422.
- El particular también podrá ir a cárcel si el soborno está relacionado con un procedimiento de contratación, de subvenciones o subastas convocados por las Administraciones públicas. En este caso la pena sería de 5 a 10 años de prisión y la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, según el artículo 424.3.
- La pena por intentar influir en causa criminal en favor del cónyuge, pareja o familiar cercano es prisión de 6 meses a 1 año, según el artículo 425.
Excusa absolutoria
El Código Penal recompensa al particular que denuncie el delito de cohecho ante la autoridad correspondiente en un plazo no superior a dos meses desde la fecha del hecho causante, dejándole exento de cualquier responsabilidad, así como si se tratase de una conducta ocasional, según lo tipifica el artículo 426 del Código Penal.