Jueces y fiscales protestan ante el Supremo contra las reformas del Gobierno

Las principales asociaciones de jueces y fiscales han llevado su descontento a las calles, con una concentración masiva este 28 de junio frente al Tribunal Supremo y la convocatoria de una huelga nacional los días 1, 2 y 3 de julio de 2025. El motivo: el rechazo frontal a dos reformas legislativas impulsadas por el Gobierno, que, según los convocantes, amenazan directamente la independencia judicial y la separación de poderes.

Mientras que las asociaciones convocantes (APM, AJFV, FJI, AF y APIF) denuncian una "politización encubierta" y la "degradación de la excelencia y autonomía judicial", el Gobierno, a través del Ministro Félix Bolaños, defiende las reformas como necesarias para la modernización y la incorporación de nuevos profesionales. La controversia ha escalado hasta el punto de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía han declarado que la huelga carece de soporte normativo.

El epicentro del conflicto reside en dos proyectos legislativos que, a ojos de los jueces y fiscales, socavan los pilares de la justicia, como son la reforma del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

Las asociaciones critican, en el caso del primero de los textos, que la reforma "rebajará la excelencia de conocimientos" en el acceso a estas carreras. Temen que se introduzcan "pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración", lo que comprometería la meritocracia.

Además, se muestra una gran preocupación por la creación de un Centro de Estudios Jurídicos que dependerá directamente del Gobierno. Esto, según los convocantes, supondría una "intervención del Ejecutivo en la selección de los miembros del poder judicial", controlando "por la puerta de atrás" un proceso hasta ahora independiente.

Se denuncia también la intención de "modificar la base de ambas carreras para convertir en jueces y fiscales a los que han sido sustitutos o que acumulen cinco años de experiencia profesional". El temor es que se genere "una, ardua y difícil carrera, de mucho estudio, para quienes no tienen contactos, y otra más sencilla para que la transiten aquellos a quienes le interese en cada momento al poder político", generando una justicia a dos velocidades.

Los jueces y fiscales aseguran que esta iniciativa "no responde a demanda social alguna" y se tramita "por vía de urgencia sin ninguna razón para ello", lo que alimenta la sospecha sobre las verdaderas intenciones.

Con respecto a la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) se critica que esta reforma aumente el poder del Fiscal General del Estado (FGE), quien es nombrado por el Gobierno "sin ningún filtro previo". Esto, según los convocantes, "incrementa el riesgo de injerencias políticas" y de control político sobre el Ministerio Público.

Las reformas, denuncian, las asociaciones convocantes, buscan "reducir las posibilidades de oponerse a las órdenes de sus jefes" y "eliminar las garantías de autonomía de los fiscales", lo que podría convertir al FGE en un "soberano absoluto".

Además, se subraya que a los fiscales se les asignará "el mando de la policía judicial (UCO y UDYCO incluidas) y la investigación de los delitos" en sustitución de los jueces de instrucción. Este cambio, a ojos de las asociaciones, aumenta el "riesgo de injerencias políticas" en la fase de investigación.

Amenaza a la independencia judicial

El manifiesto de los convocantes expresa que la independencia judicial es "clave para hablar de una democracia real", y consideran que está "bajo amenaza" por los proyectos de ley. Subrayan que "un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos", enfatizando que su lucha es por el bien de la ciudadanía.

Las asociaciones alertan que estas reformas tienen como objetivo convertir el poder judicial en un órgano "más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder político", lo que podría "convertir el poder judicial en un poder con minúscula". Estas reformas se enmarcan en un "ambiente de continuo ataque del poder judicial" con declaraciones políticas que "deslegitiman" las resoluciones judiciales, lo que "mina la confianza de los ciudadanos".

El Gobierno defiende su reforma

Por su parte, el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha salido al paso de las acusaciones, defendiendo con firmeza la necesidad de las reformas. "Ni una sola línea afecta a la independencia judicial ni al Estado de Derecho. No hay absolutamente nada que les afecte", ha afirmado.

El ministro justifica las reformas como una forma de "modernizar el acceso a las carreras, blindar las becas, garantizar los ascensos automáticos y estabilizar a jueces y fiscales sustitutos, cumpliendo con la Comisión Europea".

Afirma que, gracias a estas reformas, se incorporarán "2.500 jueces y fiscales", lo que considera una "reivindicación histórica" del colectivo. Bolaños ha solicitado respeto al poder legislativo para "debatir una ley y, si hay mayoría, aprobarla".

Miedo a la parálisis del sistema

Los organizadores han pedido disculpas "de antemano" por los perjuicios a los ciudadanos, asegurando que "no tendrán más remedio que acudir a la huelga" si el Gobierno no retira los proyectos.

El Consejo General de la Abogacía ve con "enorme preocupación" la "colisión" entre las asociaciones de jueces y fiscales y el Gobierno, advirtiendo que podría "sumir de nuevo a la Justicia española en la parálisis".

Las asociaciones se reunieron previamente con el Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, pero sin éxito, ya que el Gobierno "no contempla retirar la reforma al acceso de las carreras judicial y fiscal". La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD) se ha desvinculado de las protestas, aunque es contraria al proceso de estabilización.