En 2026 los autónomos verán como Hacienda aumenta la vigilancia sobre sus negocios. Y es que el año que viene se pondrá en marcha el sistema 'Verifactu', un software por el cuál las empresas deberán remitir sus facturas directamente a la Agencia Tributaria al momento de emitirlas para detectar irregularidades y prevenir el fraude fiscal. Se pone así punto y final a las facturas que puedan modificarse sin dejar rastro, dado que cualquier cambio estará ahora registrado mediante una factura rectificativa vinculada a la original.
Los sistemas de misión de facturas verificables (abreviado 'Verifactu') son una forma más de evitar las prácticas opacas. Esta nueva norma obligará a los autónomos a expedir todas sus facturas en formato digital por este software, u otro certificado por la AEAT, por lo que dejarán de ser válidos los recibos realizados en Word o Excel, programas que todavía utilizan muchas pymes y trabajadores por cuenta propia.
Así, se generará de forma simultánea un registro de facturación de alta por cada factura emitida, la cuál deberá incluir obligatoriamente un código QR para poder comprobar si ya ha sido enviada a Hacienda (o que los clientes que la reciban puedan remitirla ellos mismos si creen que no se ha hecho).
Fecha exacta de la entrada en vigor
El BOE del 2 de abril de 2025 confirma las fechas definitivas en las que entrará en vigor 'Verifactu':
- Obligatorio a partir del 1 de enero de 2026 para las empresas que presentan el Impuesto de Sociedades.
- Obligatorio a partir del 1 de julio para autónomos.
- Obligatorio a partir del 29 de julio de 2025 para fabricantes de software de facturación.
De este modo, de julio de 2026 en adelante todas las empresas y autónomos que emitan facturas deberán contar con un software que cumpla con los requisitos del Reglamento 'Verifactu'.
Entre las principales ventajas que destaca el organismo para con 'Verifactu' es que creará una economía más transparente y fluida, ayudando a que tanto consumidores como productores se sientan más seguros en sus transacciones comerciales. Se agilizan así los trámites de facturación y se reducen las posibilidades de ser objeto de inspección, dado que los registros se incorporarán automáticamente en la contabilidad.
Facturando a mano
Esta obligación, que forma parte de la Ley Antifraude, se quiere poner en marcha para impulsar la digitalización de los pequeños negocios, aunque tan solo el 7% de las pymes españolas están listas para adoptarla. Actualmente ni siquiera el 60% de las empresas utiliza algún software para su facturación, muchas confían todavía en métodos manuales para facturar, retrasando su inevitable entrada a la economía digital.