Los expertos denuncian que quitar a 4.000 empresas la obligación de auditar cuentas aumenta el fraude fiscal

Auditores y economistas denuncian que el anteproyecto de ley del Gobierno que incrementa los umbrales por los que las empresas están obligadas a auditar sus cuentas, que afectará a unas 4.000 compañías, provocará un mayor riesgo de evasión de impuestos y otros delitos de carácter económico.

El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y el Consejo General de Economistas han emitido un comunicado conjunto este miércoles en el que solicitan al Ejecutivo que retire la propuesta.

El Ministerio de Economía sacó a consulta en mayo el texto del Anteproyecto de ley que sube los umbrales para determinar el tamaño de las pymes, pero que también para dejarlas exentas de auditar cuentas. Concretamente, en caso de que se aprobara la ley, quedarían fuera de esta obligación las compañías que cumplan dos de estros tres requisito durante, al menos, dos años consecutivos: que el valor de sus activos no supere los 3.565.000 euros (en la actualidad, 2.850.000 euros); que el importe neto de su cifra anual de negocio no exceda los 7.125.000 euros (en la actualidad, 5.700.000 euros); y que no sobrepase los 50 trabajadores.

Los auditores señalan que la preocupación es máxima. Víctor Alió, presidente del ICJCE indica que existen algunas voces en el ámbito empresarial y político que siguen confundiendo la auditoría de cuentas, que es una herramienta de gestión y para la mejora de la eficiencia, con una carga administrativa. "Este error puede hacer que la transparencia en España, que ha tardado más de una década en recuperarse de los efectos de la última gran crisis financiera, que supuso la pérdida de unas 10.000 empresas auditadas, sufra un retroceso significativo" advierte.

En la misma línea, el presidente del Consejo General de Economistas (CGE), Miguel Ángel Vázquez Taín, señala que no se puede permitir que, en aras de un supuesto ahorro de costes para las empresas, especialmente para las pequeñas y las medianas, se comprometa la transparencia del sistema económico. "Los beneficios de la auditoría de cuentas -para el interés general, para el control fiscal y para la buena gobernanza de las compañías- superan con creces sus costes", subraya.

Según los expertos, eliminar las auditorías obligatorias en las pymes generará una merma en la transparencia de las empresas; una reducción en la calidad de la información a la que tienen acceso los accionistas, las entidades financieras y las administraciones públicas; un aumento en los errores contables, y, lo que en palabras de Alió "es más preocupante, un mayor riesgo de evasión de impuestos y de otros delitos de carácter económico".

Sin olvidar el impacto que va a tener en la viabilidad y en la capacidad de crear empleo de los despachos de auditoría más pequeños.

Por su parte, el presidente del Registro de Economistas Auditores del Consejo General de Economistas de España (REA-CGE), Emilio Álvarez, indicó que dejar fuera de las auditorías a las empresas más pequeñas podría generar mayores costes para ellas ya que debilita la cultura de control e incrementa significativamente riesgos asociados a procesos clave como el acceso a la financiación, la participación en procedimientos de contratación pública y la gestión adecuada de subvenciones, donde el fraude puede encontrar un terreno propicio. "Si las empresas pequeñas reducen sus controles de cumplimiento, podrían derivar estos costes a la cadena de suministros de empresas más grandes", según Álvarez.