Legal

Los 1.300 jueces y fiscales sustitutos piden a Justicia acabar con su temporalidad y reconocerles sus derechos

  • Insta a aplicar los fallos del TJUE que abogan por hacerlos indefinidos
  • Recuerdan que su papel ha sido clave para mantener el funcionamiento 
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. | EP
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Los jueces y fiscales sustitutos, que suman 1.300 entre ambos gremios, reclaman al Gobierno que cumpla con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la lucha contra el abuso de la temporalidad. El tribunal, en dos fallos de 2024, determinó que hacer fijos a interinos o empleados públicos que han encadenado contratos temporales de forma abusiva es una medida adecuada para sancionar a la Administración, a falta de sanciones en la norma nacional.

El Congreso tramita en la actualidad el proyecto de ley para reformar la entrada a la carrera judicial y fiscal. El texto prevé dar plaza a los más de 950 jueces y magistrados sustitutos y a los 331 fiscales sustitutos a través de un concurso oposición que se realizará a los dos meses de que se apruebe la norma.

Asociaciones de jueces y fiscales critican que la medida discrimina a aquellos profesionales que sí que han aprobado las oposiciones.

No obstante, la Asociación de Jueces Concepción Arenal, la Asociación Pro Dignidad de Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes, la Asociación Plataforma Judicatura Interina y la Asociación de Abogados Fiscales Sustitutos defienden en una nota que la nueva ley debe aportar seguridad jurídica a quienes han ejercido sus funciones jurisdiccionales y fiscales durante años con plena independencia y responsabilidad.

El colectivo subraya que su labor ha sido fundamental para el mantenimiento del servicio público de justicia, por lo que reclaman un reconocimiento adecuado de su situación profesional.

No obstante, también reclaman que el proceso de estabilización sea acorde a los principios de igualdad y mérito para acceder a una plaza de funcionario que establece la Constitución.

El Tribunal Supremo ya determinó el pasado mes de febrero que hacer fijos a los interinos y a los empleados públicos con contratos temporales abusivos va en contra de los principios constitucionales para acceder a la función pública.

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