Madrid
El Consejo de Ministros aprobó este martes el Proyecto de Ley para reformar el acceso a la carrera judicial y fiscal. El texto mantiene la estabilización de empleo de los más de 900 jueces sustitutos que hay en la actualidad, a pesar de las críticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la desigualdad de que estos profesionales lograran plaza fija con la estabilización frente a quienes superaron las oposiciones.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el proceso extraordinario de estabilización cumple con las exigencias de la Comisión Europea.
"En este momento existen 954 jueces sustitutos en nuestro país que son llamados a ejercer la función jurisdiccional y que por tanto dictan autos, dictan sentencias cuando son llamados. 954 jueces sustitutos y 331 fiscales sustitutos. Este proceso de estabilización extraordinario, que será un cuarto turno extraordinario, estará dirigido no sólo a jueces sustitutos, a fiscales sustitutos, sino también a otros profesionales del derecho que también podrán presentarse", ha señalado.
Se indemnizará a estos profesionales con 20 días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades si sobrepasan más de un año en una plaza sin que se hayan convocado pruebas de acceso.
Pese a todo, Bolaños aseguró que se han tenido en cuenta recomendaciones del CGPJ y del Consejo de Estado para incluirlas en el nuevo texto que se remite al Congreso para que inicie su tramitación.
La futura ley mantendrá en el 25% la cuota del cuarto turno (juristas de reputada experiencia que acceden a la carrera judicial) e vez de incrementarla al 33% como pretendía el anteproyecto de ley. Asimismo, se crea el cuarto turno para la carrera fiscal. Además, se les hará un examen por escrito para el acceso, que tendrá más peso que la valoración de méritos.
Por otro lado, el texto mantiene la prohibición de que las asociaciones judiciales y fiscales reciban financiación privada.
Becas para opositores
La norma blinda las becas SERÉ, destinadas a aquellas personas que quieran opositar a los principales cuerpos del Poder Judicial y la Administración de Justicia, estableciendo que deberán tener cuantía mínima equivalente al SMI y una duración de hasta cuatro años.
Además, el Proyecto de ley prevé que el Centro de Estudios Jurídicos asuma una nueva función, como red pública de preparación de oposiciones con implantación territorial, lo que contribuirá a una mayor homogeneidad formativa. Y en relación con las pruebas de acceso, introduce un ejercicio práctico escrito, en sustitución de una de las pruebas orales existentes en la actualidad, y las anonimiza para asegurar la igualdad de oportunidades de los candidatos.
