Madrid
La Mutualidad de la Abogacía pide que el traspaso de los fondos que los profesionales tienen en la entidad hacia el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social esté libre de impuestos.
La entidad ha emitido este jueves un comunicado después de que el pasado martes el Congreso de los Diputados aprobara el inicio de la tramitación de la proposición de ley del PSOE para garantizar una pensión digna a los abogados y procuradores que cotizan en sus respectivas mutualidades en vez de en la Seguridad Social. En ocasiones, estas pensiones están por debajo de los 700 euros al mes, e incluso, de los 500 euros al mes.
La Mutualidad valora positivamente el avance legislativo y lo considera necesario para resolver el problemas de las pensiones de miles de abogados. No obstante, está en desacuerdo con varios aspecto de la normativa planteada.
La Mutualidad pide que el traspaso al RETA sea voluntario e informado, mientras que la proposición de ley pretende hacer obligatorio a partir de 2027 que todos los nuevos abogados colegiados empiecen a cotizar directamente en la Seguridad Social.
Asimismo, también reclaman que los abogados que pasen al RETA se lleven sus ahorros al sistema público de forma ordenada, es decir, en el momento en que se vayan a jubilar y no de golpe, para no comprometer las actuales inversiones que tiene la Mutualidad ni la viabilidad del sistema para quienes deseen permanecer en él. Y que este traspaso no implique que los mutulistas tengan que pagar impuestos al sacar el ahorro invertido para llevarlo al sistema público.
De los 10.200 millones de euros que gestiona la entidad, una tercera parte corresponde a aportaciones de los mutualistas, cuantía susceptible de salir.
Finalmente, reclama que los abogados, una vez se jubilen, puedan optar al complementos de mínimos si la pensión que se les queda está por debajo de la mínima de la Seguridad Social.
El presidente de Mutualidad, Enrique Sanz, indicó que el momento actual exige responsabilidad, voluntad de acuerdo y una visión a largo plazo. "Por nuestra parte, continuaremos trabajando para que la nueva legislación refleje la pluralidad de nuestro sistema y garantice soluciones viables para todos", aseguró.
Petición de la Mutualidad de Procuradores
Por su parte, la Mutualidad de Procuradores considera que la proposición de ley es "incompleta" y presentó su 'Propuesta de regulación normativa para una Pasarela al RETA'.
El texto propone que todo profesional que cotice o haya cotizado en mutualidades privadas pueda incorporarse a la Seguridad Social, transformando los pagos realizados a las mutualidades en cotizaciones, de modo que no se excluya a los profesionales ya jubilados.
Además, pide que este traspaso sea absolutamente voluntario, a solicitar en el plazo de un año desde que entre en vigor la futura ley. Por otro lado, se dispondría de un plazo de seis meses para "establecer los términos y condiciones de la transferencia de derechos".
La entidad reclama que un día pagado de mutualidad sea un día cotizado en la Seguridad Social. De momento, la propuesta del PSOE plantea que los mutualistas compren años cotizados. Esto supone que lo que ellos aportaron en un ejercicio a la Mutualidad supone menos que un año en la Seguridad Social.
La Mutualidad recoge los criterios que considera imprescindibles para asegurar una transferencia de derechos justa. Según su propuesta, se deberá tener en cuenta distintos factores: el total de capital transferido o el impacto económico positivo para las arcas públicas. Además, recalcan que los mutualistas "no han tenido acceso a las prestaciones adicionales del sistema público", como la baja por maternidad o la incapacidad, entre muchas otras.
Ante la reticencia de algunos grupos parlamentarios, la entidad les trasladó que los mutualistas "no tienen contingencias cubiertas y se ven obligados a pagarlas a parte, del mismo modo que, en su momento, no tuvieron sanidad pública ni medicinas cubiertas". Además, advierten: "Si no nos contemplan a todos, el estado se va a encontrar con una bolsa de profesionales que van a tener que pedir protección social y prestaciones sin haber contribuido a la Seguridad Social".
Con esta propuesta de enmienda, la Mutualidad busca que los procuradores "queden equiparados en derechos, al menos, a un autónomo incluido en ese régimen público". La transferencia al régimen RETA deberá ser voluntaria, y es necesario asegurar que nadie pierda derechos por realizar este cambio ni se vea obligado a pagar de más.
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