
El PSOE registró este jueves en el Congreso una propuesta para modificar la Ley de Seguridad Social para dar una solución a abogados y procuradores que, tras años cotizan exclusivamente a sus respectivas mutualidades, cuando se jubilen no alcanzarán la pensión mínima que se establece en el sistema público.
La norma limita a parte de estos abogados poder traspasar su cotización y el capital acumulados en las mutualidades al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social, que es lo que la mayoría de afectados exige.
El texto abre una pasarela voluntaria para cotizar y pasar al RETA los derechos económicos acumulados, pero solo para aquellos que estuvieran incluidos en una mutualidad antes del 1 de enero de 2023 y cumplan tres requisitos: carecer de un período mínimo para acceder a la pensión de jubilación en la Seguridad Social, estar en activo como profesional colegiado a 31 de diciembre de 2022 y no tener la condición de pensionista ni en el régimen público ni en la mutualidad. Posteriormente, el Ejecutivo regulará cómo se convertirá este dinero en cotizaciones al RETA.
Además, esta propuesta de Ley, que llega después de que el Congreso tumbara la enmienda del PSOE para buscar una solución a estos abogados, también obligará desde el 1 de enero de 2027 a todos los nuevos abogados que inicien su actividad profesional a cotizar exclusivamente en el régimen de autónomos de la Seguridad Social.
Asimismo, la futura norma también cambiará el volumen de las aportaciones que hacen los abogados y procuradores a las mutualidades de forma gradual, de modo que se equiparen con las que hacen los autónomos al RETA. Así, si ahora aportan el 80% de lo que cotizan las personas que están en el RETA, en 2025, aportarán el 86%; en 2026, el 93% y en 2027, el 100%.
Asimismo, las mutualidades tendrán que equiparar la pensión por jubilación que dan con un importe no inferior al 80% de la pensión mínima que establece la Seguridad Social.
Propuesta insuficiente
Las reacciones no se han hecho esperar y aunque los profesionales valoran el avance que supone la propuesta, la consideran insuficiente. El Consejo General de la Abogacía Española señala que aunque el texto, frente a una situación de bloqueo, permite abrir un amplio diálogo con todos los grupos parlamentarios.
La Abogacía Española sostiene, en base a los informes realizados por expertos y académicos, que la cuestión que debe resolverse se asienta sobre el derecho constitucional a recibir una pensión digna y periódica actualizada. "Es por ello que desde el comienzo se ha reclamado una solución que acoja a todos los colectivos de mutualistas, independientemente de su fecha de incorporación", indican en un comunicado.
El presidente del Consejo General, Salvador González, añadió que la proposición del PSOE "es un buen punto de partida para la negociación parlamentaria, en la que necesariamente debemos ser escuchados quienes tenemos la representación legal de la abogacía y los colectivos de afectados".
Por su parte, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) considera que la propuesta no ofrece una solución efectiva ni integral al problema. "La medida excluye a colectivos clave, como los abogados pasivos y aquellos mutualistas que optaron por complementar sus aportaciones con otras fórmulas previsionales. Esto genera un escenario de desigualdad que no responde a las necesidades reales de miles de profesionales afectados", señalan en un comunicado.
El Colegio asegura que presentará enmiendas a esta proposición de ley, con el objetivo de incluir a todos los colectivos afectados. Eugenio Ribón, decano del ICAM, manifestó que instarán a los legisladores a ampliar el alcance de esta propuesta, contando con la participación activa de los Colegios de la Abogacía y otras entidades representativas del sector, para que se diseñe un marco normativo que responda a las demandas y realidades de la profesión.
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