El PP lleva al Congreso la votación sobre la continuidad del fiscal general del Estado

El PP lleva al Pleno del Congreso la continuidad de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, tras su imputación por parte del Tribunal Supremo por el presunto delito de revelación de secretos en el marco de la investigación de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso.

El partido ya presentó el pasado mes de mayo una proposición no de ley que planteaba su cese por "incumplimiento grave o reiterado de sus funciones" después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) abriera una investigación al fiscal general por presunta revelación de secretos.

Ahora, y ante la reciente imputación que ha tambaleado los apoyos de García Ortiz por parte del Consejo Fiscal y de un tercio de la cúpula fiscal el partido ha elevado la incitativa al Pleno del Congreso para su votación la próxima semana, según consta en el borrador del orden del día al que ha tenido acceso Europa Press.

El Supremo imputó al fiscal general por un presunto delitos de revelación de secretos al, supuestamente, ordenar a la Fiscalía de Madrid publicar una nota de prensa en el que se revelaban las conversaciones del abogado de Alberto González Amador (pareja de Isabel Díaz-Ayuso) con el fiscal de delitos económicos de Madrid con el objetivo de llegar a un acuerdo y librarse de un litigio por fraude fiscal.

Según el auto del alto tribunal, García Ortiz, la noche del 13 de marzo, un día antes de que se emitiera el comunicado, presionó a personas de la Fiscalía de Madrid para que le enviaran los correos electrónicos que el abogado de la pareja de Ayuso había intercambiado con el fiscal en los que, supuestamente reconocía el fraude fiscal y buscaba llegar a un acuerdo. Al día siguiente, la Fiscalía de Madrid publicó el comunicado que revelaba esa información, según el auto, por orden del propio García Ortiz, vulnerando el derecho a la defensa de González Amador.

El fiscal general ha defendido ante la cúpula fiscal que él no filtró ningún correo electrónico del afectado y que la nota de prensa de la Fiscalía se difundió para defender el papel del Ministerio Público frente a un bulo. Pese a la imputación, García Ortiz no tiene obligación legal de dimitir puesto que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) excluye entre los motivos de cese del fiscal general el hecho de que esté inmerso en una causa penal, como sí lo exige para el resto de fiscales.

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