Madrid
La mayoría del Consejo Fiscal pide la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras ser imputado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos en el marco de la investigación de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz se reunió en la tarde de este jueves con el Consejo para explicarles su situación. Asimismo, por la mañana lo hizo con la cúpula fiscal. Más de un tercio de los 35 fiscales integrantes de la cúpula cuestionaron su permanencia al frente de la Fiscalía General del Estado por el daño e impacto que genera a la imagen del Ministerio Público.
En el encuentro con el Consejo Fiscal, formado por las asociaciones de fiscales, los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) -mayoritaria en la carrera- pidieron su dimisión, así como el miembro perteneciente a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). No obstante, García Ortiz recibió el apoyo de los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y de las dos vocales natas, María Ángeles Sánchez-Conde y María Antonia Sanz Gaite.
La petición de dimisión de la Asociación de Fiscales (AF) y de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ya se esperaban puesto que ambas emitieron este miércoles los respectivos comunicados en los que reclamaban la marcha de García Ortiz al frente del Ministerio Público.
En el encuentro de la mañana con el consejo fiscal, aunque no se produjo ninguna votación, de los 35 fiscales que conforman la cúpula, 13 de ellos cuestionaron su continuidad; 10 le dieron su apoyo, cinco se ausentaron del encuentro y los restantes siete no se pronunciaron o lo hicieron de forma ambigua.
Concretamente, de los 13 críticos, ocho pidieron directamente la dimisión (Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Fidel Cadena y Consuelo Madrigal, Antonio Narváez, José Miguel de la Rosa, José Javier Huete y Elvira Tejada). Los restantes cinco manifestaron su preocupación por el impacto que supone para la Fiscalía General del Estado que el Tribunal Supremo haya imputado a quien la dirige. Estos cinco fueron Alejandro Luzón, Rosa Ana Morán, María del Pilar Martín Nájera, María José Segarra y Fernando Rodríguez Rey.
Por otro lado, hubo 10 fiscales que apoyaron la continuidad de Ortiz; y otros cinco que siguieron la intervención vía telemática y, por tanto, no se les dejó intervenir, es decir, como si no hubieran acudido, mientras que el resto no se pronunció de forma clara. Cabe destacar que varios de los miembros de la cúpula fueron ascendidos por el propio García Ortiz.
El Tribunal Supremo ha imputado al fiscal general por un presunto delitos de revelación de secretos al, supuestamente, ordenar a la Fiscalía de Madrid publicar una nota de prensa en el que se revelaban las conversaciones del abogado de Alberto González Amador (pareja de Isabel Díaz-Ayuso) con el fiscal de delitos económicos de Madrid con el objetivo de llegar a un acuerdo y librarse de un litigio por fraude fiscal.
Según el auto del alto tribunal, García Ortiz, la noche del 13 de marzo, un día antes de que se emitiera el comunicado, presionó a personas de la Fiscalía de Madrid para que le enviaran los correos electrónicos que el abogado de la pareja de Ayuso había intercambiado con el fiscal en los que, supuestamente reconocía el fraude fiscal y buscaba llegar a un acuerdo. Al día siguiente, la Fiscalía de Madrid publicó el comunicado que revelaba esa información, según el auto, por orden del propio García Ortiz, vulnerando el derecho a la defensa de González Amador.
El fiscal general ha defendido ante la cúpula fiscal que él no filtró ningún correo electrónico del afectado y que la nota de prensa de la Fiscalía se difundió para defender el papel del Ministerio Público frente a un bulo. Pese a la imputación, García Ortiz no tiene obligación legal de dimitir puesto que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) excluye entre los motivos de cese del fiscal general el hecho de que esté inmerso en una causa penal, como sí lo exige para el resto de fiscales.
