Los promotores y constructores consideran que es necesaria una mayor seguridad jurídica en el urbanismo para abordar el problema del encarecimiento de la vivienda y la imposibilidad de acceso de los jóvenes tanto a la propiedad como al alquiler.
"Una ley que garantice que vamos a tener suelo finalista en plazos razonables, ya que tenemos un problema de una magnitud impresionante del que venimos avisando desde hace 14 años", ha informado Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores (APCE) en la segunda jornada del ciclo 'Persona, Empresa y Tecnología', que organiza la Fundación Notariado del Consejo General del Notariado en el marco de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco.
Gómez-Pintado ha explicado que "a las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda y a la paralización del suelo se unen como factores determinantes la curva demográfica y el flujo migratorio de nuestro país".
También, ha señalado que "necesitamos que nuestras ayudas sean las mismas que las de otros sectores; quitar el estigma a la vivienda para fomentar el proceso de industrialización y facilitar la financiación; frente a la falta de mano de obra, ofrecer formación profesional dual que nos proporcione gente cualificada; contar con sistemas y herramientas digitales que agilicen la concesión de licencias; y fomentar la colaboración público-privada".
María Paz Navarro, responsable de Regulación, Servicios Interbancarios y Proyectos en Cooperación de la Confederación Española de Cajas de Ahorros María Paz Navarro detalló: "Hay que modificar la ley hipotecaria y homogeneizar las concesiones, llevar de la mano los procedimientos y la modificación normativa que ampare las medidas para que haya financiación con garantías".
Modificar la Ley de Vivienda
Alberto Torres, presidente de la Sección de Arrendamientos Urbanos, Propiedad Horizontal e Inmobiliario del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), sobre la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda ha explicado que "la situación que se ha generado es de total inseguridad jurídica y lo primero que necesita el tenedor para poner su inmueble en alquiler es seguridad. Hoy el 54 % de todos los arrendatarios son vulnerables y debemos defender a arrendadores y a arrendatarios, pero sin perjuicio de que el tenedor pueda estar protegido frente a los impagos".
Fernando Cos-Gayón, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación y del Observatorio de la Vivienda de la Universidad Politécnica de Valencia, también ha incidido en la necesidad de solventar la actual imposibilidad de acceso a la vivienda de los jóvenes. Así, ha considerado que "la única opción para ellos es el alquiler; ahí es donde hay que poner los esfuerzos. Una de las mejores soluciones a corto plazo pasa por aprovechar las viviendas vacías, que podrían estar en condiciones de salir al mercado de manera rápida utilizando los fondos europeos Next Generation". Como solución a la compra de vivienda por parte de los jóvenes ha indicado que "podemos hacer que la vivienda protegida sea un 10 % más barata de forma automática eliminando el IVA".
España es de los países del mundo que dedica menos al alquiler social, solamente el 1,5 % del parque de vivienda frente al 7% de media que tienen en Europa. El sector público por sí mismo no puede corregirlo, hay que fomentar la colaboración público-privado" ha expuesto Roberto Blanco, director del Departamento de Análisis Macrofinanciero y Política Monetaria del Banco de España.
Y ha señalado también, Blanco que "tenemos una oferta muy rígida. En los últimos años se han construido 90.000 viviendas anuales, mientras que en el periodo de 2022 y 2023 se crearon 275.000 hogares. Con estos datos estimamos que -en proyección hasta 2025- tenemos un déficit de unas 600.000 viviendas".
Como ejemplo de política comprometida con la juventud, Mario Yoldi, director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno Vasco ha indicado qie "destinamos el 1 % del PIB vasco a política de vivienda y en los últimos 10 años el 16 % de toda la vivienda protegida en España la ha hecho el País Vasco, pero sigue siendo insuficiente. El mercado nos ha derrotado y tenemos que intervenir. Hasta ahora el 40 % de las adjudicaciones de vivienda pública -en alquiler- del Gobierno Vasco iba destinado a jóvenes; a partir de esta legislatura será el 50 %"
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