Los especialistas consideran que la Ley de la Vivienda debe fomentar la promoción pública

Matilde Cuena, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense, ha asegurado que el problema de la vivienda es fruto de las políticas erráticas de los diferentes partidos y gobiernos. "Ese es el origen y no otro, porque los elementos regulativos son tremendamente contraproducentes y además favorecen la ocupación".

Así lo ha afirmado la profesora en el seminario Persona, Empresa y Tecnología, especialmente centrado en la vivienda, organizado por la Fundación Notariado, en colaboración con la Fundación Cursos de Verano (UIK) de la Universidad del País Vasco (UPV- EHU) y celebrado este miércoles.

Cuena ha abogado por modificar la libertad de forma del contrato de arrendamiento, regulado por el artículo 37 de la LAU, que admite que las partes establezcan contratos en documentos privados o, incluso mediante acuerdos verbales, lo que permite que las mafias de la ocupación puedan presentar contratos de arrendamientos falsos para evitar que los jueces puedan adoptar medidas cautelares y los procedimientos se mantengan activos, al menos dos años, que es la media en este tipo de procedimientos. Por ello, ha abogado por que la normativa solo admita contratos formales.

Por su parte, Pablo de Lora, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, ha explicado que el problema de salida para buscar soluciones se encuentra en la propia Ley del Derecho a la Vivienda, ya que "establece algo completamente equivocado, que es una fortísima intervención sobre los derechos públicos y privados, lo que provoca unas tensiones enormes".

De Lora ha indicado que "el mayor interés del legislador no es hacer el bien sino parecerlo. Así, encontramos que hay derecho a la vivienda, pero también al paisaje, a la ciudad o a las Olimpiadas en Pekín". Y ha destacado que a la vista de la ley cabe concluir que "o existe una inmunidad en la que el poder público se inhibe o es una prestación pública". Y ha concluido indicando que "se ha buscado hacer justicia social con el Derecho privado".

Un pacto con números y fechas

El consejero de vivienda del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, ha explicado el compromiso de su Ejecutivo para duplicar las viviendas de alquiler asequible, hasta llegar a 50.000 y aumentar en más de un 50% las viviendas con protección pública permanente. Además, se pretende duplicar el índice anual de rehabilitación de edificios, pasando del 1,5% al 3% anual, para llegar a 350.000 viviendas rehabilitadas en el año 2035. Y, finalmente, se plantea ampliar la oferta de vivienda libre, impulsando la construcción de vivienda de obra nueva como la puesta en el mercado de viviendas surgidas de procesos de rehabilitación.

Itxaso ha explicado que en esta tarea, el Gobierno vasco necesita implicar a todos los agentes económicos y sociales relacionados. Con este objetivo, ha convocado el Pacto Social de la Vivienda. El próximo miércoles se celebrará una reunión, bajo la presidencia del Lehendakari, con las 90 entidades firmantes de este acuerdo que busca hacer efectivo el derecho de acceso a la vivienda para toda la ciudadanía del País Vasco.

"Es necesario ofrecer a nuestra juventud alternativas de vivienda que le permitan construir su proyecto vital en Euskadi. La premisa para retener nuestro talento, renovar generacionalmente la sociedad y seguir avanzando hacia un futuro próspero y sostenible, es que las personas jóvenes encuentren un lugar donde vivir", ha concluido.

La juventud principal afectada

Ignacio Gomá, notario y presidente de la Fundación del Notariado ha destacado que "estamos ante un problema de carácter estructural. Es un problema que se agrava por el encarecimiento de la vivienda. Adquirir una casa cuesta el doble que en 1995".

El problema de la vivienda, tal y como ha explicado el consejero, afecta principalmente a la juventud, A este respecto, el vicepresidente del Consejo de la Juventud de España, Juan Antonio Báez, ha comentado que según datos del Observatorio del Consejo de la Juventud de España 2023, una persona joven tiene que destinar el 93,9% de su salario para poder acceder a un alquiler. Esta cifra se sitúa tres veces por encima de lo recomendable. "Con estos pronósticos, el 83,7% de este sector de la población no puede acceder a una vivienda", ha destacado.

El subdirector de Provivienda, Eduardo Gutiérrez Sanz, por su parte, ha explicado que "nos encontramos en un momento en que el mercado laboral está funcionando y, a pesar de eso, estamos en ciernes de tener una crisis social basada en el problema de la vivienda. Ahora mismo tener un contrato laboral no asegura tener una vivienda y una vida dignas".

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