El Congreso valida la de Ley del derecho a la defensa y pasa al Senado

El Pleno del Congreso de los Diputados ha validado hoy tres textos legislativos de gran importancia para la transformación de la Administración de Justicia: la Ley Orgánica del derecho de defensa, la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia y las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

La primera de ellas, la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, es una norma pionera en Europa, que desarrolla por primera vez el artículo 24 de la Constitución y regula el derecho de defensa y de asistencia letrada en todos los procedimientos, incluidos los extrajudiciales, para reforzar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Lo anterior incluye aspectos como el libre acceso a los tribunales, el derecho a la asistencia jurídica de calidad o las facultades precisas para conocer y oponerse a las pretensiones que formule la parte contraria, entre otros. Además, permite por primera vez a los Colegios de Abogados publicar honorarios y prohíbe aportar como prueba correos intercambiados entre los letrados de las partes.

Con la aprobación por el Congreso, el texto se remite al Senado para continuar con su tramitación parlamentaria.

El Congreso de los Diputados ha rechazado la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, con lo que se continuará con su tramitación.

El proyecto busca impulsar una reforma integral de la Administración de Justicia, incluyendo tres ejes fundamentales. El primero de ellos se basa en una reforma organizativa que crea los Tribunales de Instancia y transforma los Juzgados de Paz en las Oficinas de Justicia en los Municipios, dotando así al Servicio Público de Justicia de especialización y cercanía. El segundo es una apuesta decidida por los medios de solución de controversias en vía no jurisdiccional en los ámbitos mercantil y civil, como la mediación y el arbitraje para evitar la sobrecarga de juzgados y tribunales. Y, por último, la norma supone un gran paso en la protección y defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, al establecer un procedimiento único para abordar las demandas colectivas.

Por último, la Cámara Baja también ha rechazado por una amplia mayoría las enmiendas a la totalidad de la reforma legislativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular y avalada por la Comisión Europea como parte del acuerdo para proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La norma, que modifica tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial como el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, refuerza la independencia y los medios para los profesionales de la Justicia e incorpora las recomendaciones identificadas por la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho referido a España.

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