Madrid
El Gobierno agiliza y facilita las indemnizaciones a los consumidores en conflictos colectivos. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley para mejorar la eficiencia de la justicia que establece mecanismos alternativos de resolución de conflictos colectivos. La norma permitirá que, cuando se den acciones resarcitorias, el procedimiento vinculará a todos los afectados automáticamente y sin necesidad de que cada uno de ellos deba solicitar adhesión a la sentencia. Eso sí, tienen la opción de desvincularse si no les interesa la resolución y prefieren litigar por su cuenta.
Este nueva forma de resolución de conflictos colectivos iba en el Proyecto de Ley de Acciones de Representación para la Protección de los Intereses Colectivos de los Consumidores que decayó en la anterior legislatura ante el adelanto electoral.
El anteproyecto de ley orgánica regula los mecanismos alternativos de solución de controversias en el ámbito mercantil y civil para evitar la sobrecarga de los juzgados y tribunales. La norma supondrá un importante paso en la defensa de los consumidores al establecer un procedimiento único para abordar las demandas colectivas, definiendo también las entidades habilitadas para las acciones de representación, como los sindicatos o cámaras de comercio, e incorporando plataformas electrónicas para una tramitación más ágil a través de las cuales los usuarios podrán pedir a una compañía que pare una conducta nociva o reclamar una indemnización. La norma pasa ahora al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación.
Eficiencia de la Justicia
Respecto a las medidas de eficiencia organizativa en la Justicia, la futura ley aborda una reforma integral para adecuar la Justicia a la necesidades de la sociedad digital. La renovada estructura organizativa, según informa el Ministerio de Justicia se asienta en tres novedades, como son los Tribunales de Instancia, uno por partido judicial; la implementación de una Oficina Judicial única para cada uno de esos tribunales; y las Oficinas de Justicia en los Municipios, que sustituyen a los juzgados de paz.
Respecto a la figura del Tribunal de Instancia, su implantación supondrá una importante optimización de recursos, al pasar de 3.800 juzgados a 431 tribunales de estas características, atajando posibles disfuncionalidades y permitiendo establecer criterios procesales comunes que garanticen la homogeneidad. Estos nuevos tribunales implicarán la redefinición de las Oficinas Judiciales, que pasarán a prestar apoyo en tramitación procesal y servicios comunes a su correspondiente Tribunal de Instancia, bajo la dirección de un letrado de la Administración de Justicia. Por su parte, las nuevas Oficinas de Justicia en el Municipio ampliarán considerablemente las competencias y los servicios que prestan los juzgados de paz, y seguirán cumpliendo su función social como punto de contacto con la ciudadanía, incluyendo como novedad la posibilidad de realizar actos y trámites procesales y registrales de manera telemática desde allí.
