El Gobierno garantizará financiación suficiente para la actividad de los medios de información públicos

El Gobierno deberán garantizar que los medios de comunicación públicos tengan financiación suficiente para poder desarrollar su actividad y hacerlo con total libertad editorial. Así lo impondrá la futura Ley de Libertad de Medios de Comunicación (MFA, por sus siglas en inglés) que prepara Europa y que será aprobada en marzo.

La norma establece una serie de medidas para que los Estados miembro salvaguarden el funcionamiento independiente de los medios de información públicos, asegurando el suministro de información plural. Además, obligará a que los procesos de designación de los altos cargos de estos medios sean transparentes, abiertos y con criterios de proporcionalidad establecidos con anterioridad a nivel estatal.

El texto también establece los derechos de los medios de comunicación, ya sea públicos o privados, que pasan por ejercer su actividad sin restricciones ni influencia política y que el Estado les garantice la protección y confidencialidad de sus fuentes y que no pondrá software espía en las redacciones o los dispositivos de los periodistas. No obstante, la norma abre una laguna de desprotección ya que sí permite exigir que se revele una fuente por cuestiones de interés público o utilizar programas espía por investigaciones a personas relacionadas con un delito.

Entre las obligaciones de los medios, tendrán que informar de quiénes son sus propietarios directos o indirectos con capacidad de influir en las decisiones. También deben publicar el importe total de publicidad pública que reciben al año y los ingresos recibidos de entidades o autoridades públicas de terceros países.

Control de las fusiones

La Ley de Libertad de Medios de Comunicación también impone un férreo control sobre las fusiones entre medios de comunicación. Así, obligará a cada Gobierno a desarrollar una ley nacional para fijar los procedimientos para examinar estas operaciones que puedan tener un impacto significativo en la pluralidad informativa y en la independencia editorial, designando para ello una autoridad competente.

Finalmente, se establecen obligaciones para las plataformas digitales muy grandes que facilitarán que los medios de comunicación puedan autentificarse como tal y, en caso de que quieran retirar el contenido de un medio, deberán razonarlo y dar un plazo de 24 horas al medio para que conteste.

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