
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, destacó este martes ante el Parlamento Europeo la labor de los notarios en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Cuerpo señaló que a través de los notarios España tiene una base de datos de titularidad real que ha sido señalada por numerosos informes como mejores prácticas, incluso por el GAFI (Grupo de Acción Financiera). Para el titular de Economía esta base es "una de las fortalezas del sistema español de lucha contra el blanqueo de capitales, porque facilita los datos necesarios para las diferentes partes interesadas. Esto era esencial antes de la recomendación de la Comisión Europea y es algo que ya está en marcha".
De hecho, la Oficina Anti Fraude (OLAF), integrada en la Comisión Europea, tiene acceso a la información que figura en esta base.
Carlos Cuerpo hizo estas declaraciones en la presentación de la candidatura de la ciudad de Madrid, ante eurodiputados y representantes del Consejo de la UE, para albergar la sede de la nueva Autoridad Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AMLA, por sus siglas en ingles), donde destacó el amplio conocimiento y experiencia de España en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo.
Base de titularidad real
La Base de Titular Real del Notariado es una pieza esencial del Registro Central de Titularidades Reales, creado por Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, que completa la trasposición de la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018. Esta base, según informa el Consejo General del Notariado en un comunicado, permite a las autoridades públicas saber quiénes son las personas ocultas tras sociedades, fundaciones, asociaciones, partidos políticos y sindicatos; incluso tras una maraña de sociedades fantasmas y testaferros. El Consejo General del Notariado creó esta base en marzo de 2012, tras el dictamen favorable de la Agencia Española de Protección de Datos.
En esta base están identificados de manera acreditada, desde 2004, los titulares reales de 2.748.000 entidades mercantiles, 163.914 personas jurídicas no mercantiles, como asociaciones, fundaciones o partidos políticos y de 50.672 entidades extranjeras.
Actualmente tienen acceso a la información de la BDTR el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarios (Sepblac); las autoridades judiciales, policiales, fiscales y administrativas competentes en materia de prevención del blanqueo de capitales; los notarios, en su condición de sujetos obligados en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, y otros sujetos obligados previstos en la Ley 10/2010.