El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado el recurso del PP dando así su aval al decreto-ley 9/2021, por el que se modifica el Estatuto de los Trabajadores para "garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de las plataformas digitales", más conocido como ley rider.
El Pleno ha avalado por 6 votos a 4 –el magistrado progresista Juan Carlos Campo se abstuvo en este asunto– la ponencia redactada por Ramón Sáez.
Tanto PP como Vox impugnaron el decreto-ley con el que el Gobierno obliga a contratar a los repartidores por considerar que el Ejecutivo hizo un "uso abusivo" de este instrumento normativo.
El pasado septiembre, el Constitucional rechazó la ponencia elaborada por el magistrado conservador Ricardo Enríquez, la cual defendía que no existía la extraordinaria y urgente necesidad que se requiere para regular vía decreto-ley, considerando que se podía haber optado por el trámite legal habitual.
El magistrado optó por retirar su texto y se decidió que antes de volver a analizar una nueva ponencia se estudiaría la de Sáez –del ala progresista– sobre la impugnación popular, que planteaba avalar el decreto-ley cuestionado.
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