La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto Hernández, ha reclamado al Ejecutivo estatal una Ley de Catástrofes que establezca los marcos de actuación, minimice las consecuencias, normalice la recuperación de los terrenos afectados y asegure el reparto de las compensaciones a los afectados.
Mientras tanto, el Colegio de Registradores de España y el Gobierno de Canarias han rubricado un acuerdo de colaboración conjunta para favorecer a los afectados por las catástrofes. De esta forma, el Ejecutivo canario tendrá acceso directo y abierto a toda la información del Portal Registral de Emergencias (PRE), en el marco de desarrollo del VII Congreso de Registradores 2023, en Tenerife.
Recuperación del terreno arrasado
La consejera canaria anunció ayer que "nuestro objetivo es recuperar cuanto antes las zonas ocupadas por la lava del volcán y destinarlas a infraestructuras y al cultivo del plátano. Nuestro objetivo es que los terrenos cubiertos por la lava del volcán de La Palma sean recuperables para el cultivo del plátano".
Por ello, el Ejecutivo isleño prevé modificar el borrador del decreto agrario, que se encuentra en tramitación en el Parlamento autonómico, para que, Pueda empezar en aquellas zonas, que ya tienen una temperatura adecuada y cuyas fincas cubrió la colada. No obstante, este proceso puede durar muchos años, ya que es muy complejo, pero cuenta con precedentes de otras catástrofes previas, que dieron muy buenos resultados en este tipo de cultivos.
Por otra parte, la consejera ha recordado que los Presupuestos Generales del Estado de 2023 incluyen una partida plurianual de 100 millones de euros para la recuperación de La Palma, a la que se sumarán otros 50 millones aportados por las arcas autonómicas.
El Ejecutivo autonómico urge la aportación de estas partidas presupuestarias. Estos fondos se destinarán a la creación y recuperación de infraestructuras y a compensar a los afectados por las pérdidas de sus viviendas, fincas, comercios, granjas, industrias y demás propiedades.
Barreto Hernández ha explicado que esta recuperación es necesaria para mantener las subvenciones que recibe el sector de la Unión Europea, puesto que el 70% de las fincas está en manos de pequeños y pequeñísimos propietarios, que precisan ayuda para que la actividad subsista.
Una herramienta imprescindible
Para el Gobierno Canario, el PRE se ha convertido en una herramienta imprescindible. Se trata de una herramienta desarrollada por los registradores con el fin de facilitar información y estadísticas en tiempo real de parcelas y fincas afectadas, así como edificios o construcciones dañadas en emergencias. La Comunidad canaria será pionera, de esta forma, en disponer de análisis registrales de impacto en tiempo real en torno a este tipo de sucesos
El PRE, a través del cruce de datos de registros con información del sistema Copernicus de la Unión Europea –antes conocido como Vigilancia Mundial del Medio Ambiente y la Seguridad (GMES)–, ofrece estadísticas del número total de parcelas, fincas, edificios o construcciones dañadas, lo que permite comprobar el impacto global de una catástrofe. Del mismo modo, es posible acceder a datos de fincas registrales afectadas y se puede calcular la relación que dicha finca tiene con las parcelas catastrales.
En palabras de María Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores, "la herramienta, que nació tras la erupción del Volcán de La Palma y ha sido utilizada durante los incendios de Tenerife del pasado agosto, evidencia el compromiso de nuestro Colectivo con la sociedad y permitirá a la Administración la localización y visualización de fincas registrales mediante su referencia catastral, código registral único (CRU), o la calle y del número de municipio".
Entre las funcionalidades a las que accederá de forma directa el Gobierno de Canarias, destacan algunas relevantes para la configuración de políticas públicas. Así, el PRE posibilita la descarga de archivos GML –Lenguaje de Marcado Geográfico, un archivo que contiene datos acerca de la georreferenciación o coordenadas de una parcela o una edificación– con cartografía catastral de parcelas o edificios, o con cartografía registral de fincas cuya representación gráfica ya está inscrita. E incluso se pone a disposición del público herramientas técnicas para la creación y edición de geometrías propias.
Asimismo, el Geoportal permite solicitar publicidad registral –nota simple, certificación registral…– de forma intuitiva, al poder localizar en un visor geográfico la finca sobre la que se desea solicitar información. Todo a través de la identificación de las coordenadas UTM de georreferenciación de los vértices de las fincas, mediante la aportación de un archivo GML o de las propias coordenadas de georreferenciación.
A la firma del acuerdo asistieron (de izquierda a derecha en la foto):Luis Manuel Benavides, director del Servicio de Bases Gráficas del Colegio de Registradores; Cesáreo Rodríguez, viceconsejero de Justicia; Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad; María Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores de España; José Miguel Tabarés, vicedecano y Sebastián del Rey, director de Relaciones Institucionales.
Tensiones por las costas
Finalmente, la consejera canaria ha explicado que su Ejecutivo va a reclamar el traspaso de medios para la gestión de las costas, uno de los graves problemas que afronta en la actualidad. Así, se ha referido a que la falta del traspaso de competencias ha generado un conflicto en el caso del Hotel Riu Oliva Beach, que contaba con la autorización de la Consejería de Transición Ecológica, pero que ha sido recurrida por el Ministerio para la Transición Ecológica y que ha sido aceptada por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma.
El hotel, que está ubicado en las Dunas de Corralejo, realizó unas obras de ampliación con una licencia autonómica, por los que Transición Ecológica inició un procedimiento para declarar caducada la licencia para operar en suelo del dominio público marítimo terrestre por haber superado el volumen de construcción permitido y lanzó la orden de demolición del edificio.
Sin embargo, esta orden coincidió con la transferencia de las competencias de costas, pero el Real Decreto de 713/2022, que fija las transferencias, no especifica si este tipo de concesiones están entre las competencias traspasadas o si las conserva el Gobierno estatal, que sigue es titular del dominio público, según la Ley de Costas. El asunto está en manos de la Comisión Bilateral.
Relacionados
- El País Vasco suaviza el impuesto a las Grandes Fortunas para los más ricos
- El usuario solo tiene una oportunidad para desistir de una suscripción gratuita que pasa a ser de pago
- Nuevo reglamento del administrador concursal: incentivos de hasta el 10% y seguro obligatorio de hasta 4 millones
- Última llamada a los patrimonios españoles para cruzar a Portugal tras anunciar la eliminación de su 'Ley Beckham'
