El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la subida salarial pactada en mayo con los jueces y los fiscales de hasta 450 euros al mes para evitar que iniciaran una huelga y también el alza de entre 430 euros y 450 euros al mes acordada en marzo con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) para poner fin a los paros indefinidos que se alargaron durante dos meses.
La aprobación por parte del Ejecutivo ha llegado en el caso de los letrados con hasta siete meses de retraso y con cinco, en el caso de jueces y fiscales. De hecho, los tres gremios amenazaron este mes de septiembre con iniciar nuevas huelgas ante la negativa del Gobierno de cumplir con lo pactado.
Precisamente, el pasado 19 de septiembre, y ante las presiones al Ministerio de Justicia de iniciar nuevos paros, la Administración que encabeza Pilar Llop trató de calmar los ánimos al asegurar que los pactos se cumplirían porque eran vinculantes. Además, desde el Ministerio señalaron que una vez aprobados, se aplicarán con efectos retroactivos. La subida de los letrados debería haber entrado en vigor en julio y la de jueces y fiscales, este 1 de octubre.
El Gobierno dejó paralizado el cumplimiento de estos acuerdos ante el adelanto de la convocatoria de elecciones generales. La Administración esgrimió que ejecutaría los pactos una vez hubiera menos incertidumbre política.
Cumplimiento, a medias
Los letrados, tras conocerse la aprobación por parte del Consejo de Ministros, han emitido un comunicado en el que señalan que se empieza a dar cumplimiento a lo pactado, pero aún a medias.
"Quedan aún por cumplir el resto de medidas que se recogieron en dicho acuerdo y que exigimos se hagan efectivas sin dilación: aprobación de un nuevo Estatuto Orgánico del Cuerpo de Letrados que, entre otras cuestiones, elimine la cuarta categoría, establezca el régimen de los encargados del Registro civil, regule el régimen de libranzas y garantice la efectividad de la audiencia a las asociaciones", señalan los letrados. Asimismo, también piden la aprobación del decreto regulador de los régimen de sustituciones (tras cuatro años de haberse suspendido el anterior) y el desarrollo del actual sistema retribuciones variables.
Foco en los funcionarios
Tras la aprobación de estos pactos, quedan en el foco los funcionarios de la Administración de Justicia. El gremio inició esta primavera una huelga a la que pusieron fin 45 días después, el 4 de julio, ante el adelanto electoral. Los funcionarios de Justicia, más de 45.000 empleados, reclaman una subida salarial de 430 euros brutos al mes por la mayor carga de trabajo.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado que recurrirá la subida a los letrados al considerar que vulnera el derecho fundamental de negociación colectiva.
