En unos meses, España se va a quedar sin la tasa Google tras votarse una prórroga a su prohibición en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La Hacienda española dejará de recaudar el 3% de los ingresos que gravaba a los servicios digitales de las grandes tecnológicas. En 2024, dicho impuesto se quedará en un limbo, ya que nuestro país prometió eliminarlo a finales de este año y su supresión llega sin que se haya alcanzado el acuerdo común de la OCDE en el tiempo fijado, lo que hubiera proporcionado una alternativa.
El organismo internacional lleva años trabajando en el acuerdo sobre los impuestos a los gigantes tecnológicos que operan en todo el mundo. Sin embargo, el marco común se ha ido aplazando y, de nuevo, esta semana se ha vuelto a prorrogar su aprobación hasta 2024, en vez de zanjarse este año, según marcaba el plazo. Esto dejará, en unos meses, a varios países sin sus propios gravámenes, incluido España.
Lo que ha ratificado el organismo es que se prohíben durante 12 meses más los impuestos nacionales a los servicios digitales de las tecnológicas hasta que se apruebe definitivamente el marco jurídico conjunto. En el caso concreto de nuestro país, entre otros, el Gobierno aprobó la tasa Google en 2020, poco antes de que irrumpiera la pandemia, adelantándose a la OCDE. El organismo cerró un acuerdo en octubre 2021 para bloquear que los países tomaran la iniciativa impositiva por su cuenta a partir de dicha fecha, pero España ya tenía su impuesto.
El gravamen afecta a las tecnológicas que facturan a nivel global 750 millones de euros o más al año y que tienen ingresos superiores a los tres millones en España. Es decir, la recaudación afectaba a empresas como Alphabet, por quien lleva el nombre el gravamen, o Meta, la matriz de Facebook. La tasa se pensó para que empresas que no estén instaladas en España, pero que ofrezcan servicios aquí, tributen el 3% por sus ganancias de publicidad, servicios digitales y ventas de datos.
Como la medida repercute en compañías estadounidenses y quedaba fuera del acuerdo de la OCDE, Washington contraatacó e impuso hasta un 25% de aranceles a las importaciones españolas en el país para productos como zapatos, bolsos o marisco. La disputa se acabó resolviendo con el compromiso de España de suprimir la tasa Google, como tarde en diciembre de 2023, en lo que fueron los últimos coletazos de un conflicto comercial. Por eso, al prorrogarse el sello definitivo del acuerdo de la OCDE, España zanja su impuesto sin que se haya aprobado el nuevo.
Así, nuestro país se queda sin la recaudación por los servicios digitales de los gigantes tecnológicos, al menos, durante un ejercicio fiscal y pendiente del organismo internacional. Aunque la gran mayoría de países están de acuerdo con el marco común, el problema es que no termina de materializarse. Pese a que se ha dado el visto bueno a casi todos los puntos, como que no haya un tasa Google a nivel nacional, la regulación internacional todavía no se ha firmado porque faltan por cerrar detalles técnicos y algún que otro escollo.
Mientras tanto, España perderá la posibilidad de recaudar 278 millones de euros anuales, que es lo que obtuvo el ejercicio pasado por el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, según el Informe Anual de Recaudación Tributaria de la Agencia Tributaria. La cifra es un 67,4% superior que la de 2021, cuando el Estado obtuvo 166 millones por la tasa Google. Cabe recordar que, entonces, no se aplicó el impuesto durante el ejercicio completo, explica el organismo.
La situación de nuestro país es la misma en Austria, India, Italia, Turquía y el Reino Unido, que han pasado por la misma batalla con Estados Unidos, que consideraba la tasa como una discriminación para sus empresas. Sin embargo, otros países han entrado en esa disputa, ya que no han querido firmar la extensión del plazo que sí han firmado 138 estados, entre ellos, España. Son Canadá, Bielorrusia, Rusia, Pakistán y Sri Lanka. El foco de tensión principal se traslada ahora a al vecino de Estados Unidos, que se arriesga a represalias por parte del país por ir por libre y en contra de su criterio.
El objetivo de la OCDE es distribuir la fiscalidad de las tecnológicas en función de dónde tengan más negocio y para evitar que se paguen menos impuestos, un roto que el organismo calcula en los 240.000 millones de dólares anuales por lo que se deja de recaudar actualmente.
Más allá de la tasa Google, el acuerdo también contempla una fiscalidad mínima del 15% de sociedades para las tecnológicas. El objetivo es que los países no se hagan una competencia desleal bajando ese porcentaje y teniendo más poder para atraer a dichos negocios en sus territorios. Aunque este aspecto no afecta directamente a España, ya que la cifra impositiva es superior, asimismo, este asunto tampoco entrará en vigor todavía debido a la prórroga de esta semana.
La tasa Google ha tenido poco recorrido en España, que se queda sin una continuidad en el tributo debido a los plazos que se extienden una y otra vez. Asimismo, la OCDE lleva años recabando el consenso de todos los países que, aunque está salvo excepciones logrado, no llega debido a que el texto final sigue en desarrollo.