Los inspectores de Hacienda denuncian la rebaja "hasta límites insospechados" del nivel de preparación para el acceso al funcionariado

La Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha mostrado su rotundo rechazo al Proyecto de Ley de Función Pública que se está tramitando actualmente en las Cortes Generales.

En un comunicado publicado por la IHE, considera que socava gravemente los principios constitucionales sobre los que se asienta la Administración pública, lo que consideran que redundará en "una deficiente y politizada prestación de los servicios públicos y en el nombramiento de funcionarios a dedo".

IHE advierte que la esencia y los principales puntos del proyecto de Ley de Función pública contienen un atropello gravísimo a la Administración pública y a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Por mucho que estos se repitan hasta la saciedad, el texto contiene importantes cesiones a grupos de presión politizados.

Argumenta la Asociación que las medidas que incluye dicho Proyecto de Ley, ahora en tramitación en las Cortes, se centran, fundamentalmente, en cambiar el sistema de selección de los funcionarios sustituyendo el actual, basado en los principios de una formación altamente cualificada y un funcionario ajeno a toda injerencia política, por un sistema que rebaja el nivel de preparación hasta límites insospechados, y que seleccionará, sin lugar a dudas, al funcionario que más se acerque al poder político, debiendo éste el favor en el futuro.

Entre las enmiendas al proyecto presentadas por algunos grupos parlamentarios destacan las que llevan los números 99 y 211 que "vuelven a la carga con una reivindicación histórica por la que un grupo de funcionarios, que ejerce una presión política sin precedentes en nuestra Administración tributaria, pretenden ascender de categoría sin realizar los exámenes necesarios que acreditan la competencia que se precisa para alcanzar los niveles superiores", señala el comunicado.

Y denuncian que dichos grupos de presión, conformados por funcionarios de niveles no superiores, apoyados en partidos políticos 'llave" del actual Gobierno, se erigen en los salvadores del país, por cuanto proponen que la medida de su ascenso 'a dedo' implicaría la solución de los problemas fiscales derivados de la economía sumergida, utilizando unos datos que se alejan cada vez más del rigor de los informes emitidos por otras instituciones y economistas que gozan de reconocido prestigio y credibilidad a nivel internacional.

Por todo ello, consideran que "estas medidas que afectan a la selección de funcionarios y, por tanto, al servicio público que se presta, implican un grave e injustificable asalto a la función pública, que burla los principios de selección derivados de nuestra Carta Magna".

Invasión de competencias

Unido a lo anterior, considera la IHE especialmente grave es la Disposición Adicional Séptima recogida en este Proyecto y por la cual se otorga una carta blanca sin precedentes, que se ha querido disimular durante esta tramitación pero que no ha pasado inadvertida para ella, para que el Gobierno, arrogándose una competencia que corresponde al legislativo, pueda modificar, crear o suprimir a su antojo, la actual organización de la función pública.

Ya en 2020, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado comenzó a manifestar su oposición total a los cambios que desde entonces se han ido impulsando en materia de función pública. Estos cambios, que aparecen bajo el falso mantra de una modernización de la Administración pública, esconden peligros gravísimos que redundarán en el servicio que se prestará al ciudadano.

IHE defiende una Administración pública independiente que, para muchos ciudadanos que no disponen de contactos, es una salida profesional digna que les permite a aquellos que aprueban sus oposiciones ejercer con imparcialidad su labor profesional, sin deber ningún favor a nadie.

Desde la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado se advierte a la ciudadanía de que el Proyecto de Ley de Función pública, de salir adelante, romperá rotundamente el modelo actual de Administración pública, habiendo sido la moneda de cambio ante la cesión de diversos grupos de presión que llevan décadas buscando su interés particular, e implicará una quiebra de difícil solución en la actual división de poderes sobre la que se asienta nuestro Estado de Derecho.

Y concluye el comunicado afirmando que "España y su Administración van a ser objeto del mayor retroceso que se ha visto en un estado europeo en materia de Administración pública, volviendo a las cesantías del siglo XIX, en las que el Gobierno de turno coloca a los 'suyos', lo que redundará en una deficiente y politizada prestación de los servicios públicos a nuestros ciudadanos".