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El Supremo analiza si se puede elevar la carga a funcionarios sin subir salarios

  • Marcará jurisprudencia en medio de las protestas de letrados, jueces o fiscales
Una mujer funcionaria atiende al p?blico.

Los funcionarios esperan una resolución del Tribunal Supremo que apunta a ser de calado en un momento en el que distintos cuerpos como los Letrados de la Administración de Justicia, los Inspectores de Trabajo, los jueces o los fiscales reclaman una adecuación de sus retribuciones frente a la mayor carga de trabajo que asumen. El Alto Tribunal ha admitido a trámite, ante el interés casacional que supone, el recurso de una funcionaria del Cuerpo de Subinspectores de Trabajo que reclama cobrar por una categoría superior (nivel 25), frente a la que tiene (nivel 23), y con la máxima retroactividad posible, por el incremento de funciones que se le atribuyó a los Subinspectores por la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El Supremo señala en su auto fechado a 16 de febrero que entiende que la cuestión presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia (en virtud del artículo 88.2 apartado 'c' de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa) por trascender a otros supuestos en los que por ley se incrementan las funciones de un cuerpo de funcionarios sin que la Administración revise el aumento de sus retribuciones. Además, para que se complete la jurisprudencia, también analizará el alcance de las funciones de gran calado a efectos de entender si constituyen una reclasificación profesional.

Extensión a otros casos

Así, el ponente y magistrado Fonseca-Herrero Raimundo admite a trámite el recurso de casación de la subinspectora de Trabajo con el objetivo de formar jurisprudencia, pudiendo extenderse las conclusiones de la sentencia "a otras cuestiones y normas jurídicas si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso".

Precisamente, los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), en huelga indefinida desde el pasado 24 de enero, reclaman una adecuación salarial tras ver incrementada la carga laboral, según señalan en un 70%, tras el Pacto de Estado de la Justicia de 2001, aunque se articuló por Real Decreto y no por ley. Asimismo, tanto jueces como fiscales, a través de sus respectivas asociaciones, llevan meses reclamando una mejora de su salario de acuerdo con la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal.

Por su parte, los Inspectores de Trabajo, que ya han protagonizado varias huelgas en los últimos meses, reclaman cobrar como nivel 27 en vez de 26 ante el aumento de la carga de trabajo tras las nuevas leyes y normas que está aprobando el Ejecutivo en materia de Inspección, como las dirigidas a evitar el uso de los falsos autónomos.

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