El fiscal general del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, asegura que la redacción del anteproyecto de la nueva ley de secretos oficiales que permite a las policías autonómicas clasificar información podría suponer "una invasión de una competencia exclusiva del Estado" al otorgarles nuevas facultades para contar con un régimen secreto similar al del propio Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Así consta en el voto particular que firma el jefe del Ministerio Público junto a otros cuatro fiscales en contra del criterio de la mayoría del Consejo Fiscal que aprobó el informe sobre el anteproyecto de Ley de Información Clasificada, por el que se pretende derogar la antigua ley de secretos oficiales.
En el texto, García Ortiz muestra su oposición al criterio mayoritario del órgano consultivo y asegura que el anteproyecto impulsado por el Ejecutivo "en modo alguno incurre en vulneración de constitucionalidad ni de la legalidad vigente, como afirma el informe emitido por la mayoría del Consejo Fiscal".
Aunque el fiscal general formula ciertas objeciones al anteproyecto para "introducir mejoras en su redacción", insiste en que no plantea un "cuestionamiento global sobre la totalidad del texto prelegislativo".
En el voto particular, García Ortiz se pronuncia respecto al apartado del anteproyecto en el que se conceden "facultades de clasificación" a quienes ocupen Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, Direcciones Generales de Policía y Guardia Civil, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y las autoridades autonómicas competentes en materia de policía.
Al hilo, asegura que "la habilitación otorgada para clasificar documentos a las autoridades autonómicas competentes en materia de policía (...) podría suponer una invasión de una competencia exclusiva del Estado, (...) al incluir órganos de clasificación que carecen de competencia en los ámbitos de actuación prevista en el anteproyecto (seguridad y defensa nacional). Así las cosas, apunta que "procedería la supresión del apartado".
En el informe aprobado por la mayoría se decía que era "particularmente desmedido" que se concedieran "facultades de clasificación" a las policías autonómicas y se advertía de que dichas competencias podrían equivaler en la práctica a "dotarles de unas posibilidades de actuación en un régimen de secreto similar al de la dirección del CNI".