La Audiencia Nacional da el portazo definitivo a investigar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a varios mandos policiales, entre ellos el excomisario José Manuel Villarejo por su presunta implicación en la Operación Cataluña que supuestamente llevó a la caída de Banco Madrid. En un auto del ponente y magistrado Fernando Andreu al que ha tenido acceso este diario, el juez rechaza el recurso interpuesto por el que fue consejero delegado de Banco Madrid, Joan Pau Miquel, al considerar que la Audiencia no tiene competencias para investigar los hechos denunciados. Además, sobre la presunta elaboración de pruebas falsas por parte de funcionarios españoles que llevaron a la caída de la entidad, señala que no hay pruebas suficientes. La decisión del magistrado es firme y contra ella no cabe recurso.
Andreu da así carpetazo a esta vía de investigación que ya había sido cerrada casi por idénticos por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Joaquín Gadea, que admitió la querella en septiembre para archivarla un mes después.
Banco Madrid, filial española de Banca Privada de Andorra (BPA), fue declarada en concurso de acreedores en marzo de 2015 por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid. La caída se precipitó a raíz de que 15 días antes el departamento antifraude del Tesoro de EEUU acusara a BPA de blanqueo de capitales procedentes de organizaciones criminales internacionales. Poco después el Banco de España intervino la filial española hasta que fue declarada en concurso. Sin embargo, dos años después, el juzgado que declaró su quiebra absolvió a todos los afectados. El entonces consejero delegado de Banco Madrid pasó un año y siete meses en prisión provisional en el marco de la investigación iniciada por la Justicia andorrana.
La querella del exjefe de Banco Madrid denunciaba delitos de organización criminal, amenazas condicionales, detenciones ilegales, falsedades de funcionarios públicos en documento oficial, malversación de caudales públicos y de falso testimonio en comparecencia parlamentaria.
La Audiencia Nacional argumenta el rechazo de investigar estos delitos uno por uno. Respecto a las presuntas amenazas que se produjeron en Andorra pero que se reiteraron en una reunión en Madrid, señala que deben ser enjuiciadas por los órganos territorialmente competentes en España pero no por la Sala de lo Penal de los Juzgados Centrales. Sobre el falso testimonio en el Parlamento y la malversación, considera que tampoco son delitos bajo competencia de la Audiencia. En relación a la prisión provisional, apunta que la jurisdicción nacional tampoco tiene competencia porque fue un procedimiento tramitado por un Juzgado de Andorra.
Falta de pruebas
Finalmente, en lo que se refiere a la liquidación de Banco Madrid que achaca a las maniobras realizadas por los querellados a raíz datos falsos, concluye que no hay pruebas suficientes. "El querellante construye un relato en base a conjeturas basadas en opiniones y apreciaciones subjetivas, aparecidas en distintos medios. Se afirma la construcción de un relato falso sobre las actividades de BPA y de Banco Madrid, transmitido a las autoridades estadounidenses a fin de llevar a la ruina a ambas entidades; pero se hace sin aportar ningún elemento o principio de prueba", dice el juez.
Los hermanos Cierco, antiguos dueños de BPA con el 75% del capital, mantienen denunciado al Banco de España en la Audiencia Nacional, al que le reclaman 140 millones.