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Los cuerpos superiores, en contra de bajar el nivel de las oposiciones

  • Abogan por formar funcionarios como alternativa a pruebas más fáciles
Varios opositores en un examen.

Descontento de los empleados públicos, especialmente de los cuerpos superiores, ante la Ley de Función Pública que prepara el Gobierno (el texto del Anteproyecto se publicó en diciembre) que rebaja el nivel del contenido en las oposiciones, permitiendo el acceso a determinados puestos de élite a opositores con menor preparación. Los inspectores de Hacienda fueron los primeros en dar la voz de alarma protagonizando una huelga en diciembre contra las oposiciones 'suaves' del Gobierno y de hecho han presentado alegaciones al Anteproyecto de Ley con el objetivo de no rebajar los conocimientos para la promoción interna sino tratar de formar a los funcionarios para que alcancen la excelencia.

Desde la Asociación de Inspectores de Hacienda piden que la promoción interna vertical contemple el sistema de oposición para los puestos del subgrupo A1 de mayor responsabilidad, y no el de concurso-oposición. Asimismo, pretenden que se establezca que en los concursos-oposición no se podrá pasar al concurso sin superar la fase de oposición. Además, critican que el intento del Ejecutivo de favorecer el acceso a los colectivos más vulnerables entra en conflicto con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para el acceso al empleo público. Como ejemplo, señalan que el Anteproyecto reserva el 10% de las plazas a personas con discapacidad, un porcentaje que les parece excesivo porque ya hay numerosas vacantes en esos cupos por falta de candidatos cualificados.

Respecto a los interinos, insisten en que si uno de los ejes de la reforma de las pruebas de acceso es la necesidad de planificación en materia de empleo público, no puede haber referencia a que haya vacantes. Bajo su criterio, admiten que haya circunstancias extraordinarias que obliguen a la entrada de interinos, pero ven inasumible un escenario que siga con los vicios actuales.

Los Letrados de la Administración de Justicia, actualmente en huelga indefinida desde el pasado martes por el aplazamiento de la adecuación salarial prometida por el Ejecutivo, ven como un "peligro" que el Gobierno rebaje el nivel de las oposiciones. Desde Unión Progresista de LAJ (UPSJ), una de las asociaciones convocantes de la huelga, señalan que la devaluación del nivel de contenidos exigidos en las oposiciones puede resultar peligrosa para la selección de los cuerpos superiores de la Administración. Los letrados de Justicia señalan que aunque hay que ser "prudentes" hasta conocer el texto definitivo, "las actuales (oposiciones) han garantizado desde más de un siglo el acceso de forma objetiva a las personas más preparadas y deben verse como un orgullo nacional, de lo mejor que hemos hecho como país". Por su parte, desde el Consejo General del Notariado, también afectados, guardan silencio a la espera de conocer el texto final.

Otro de los colectivos que ha protagonizado varias huelgas en los últimos meses, la última el 25 de enero, son los Inspectores de Trabajo. Desde el sindicato reclaman mejorar las condiciones (cobrar como nivel 27 en vez de 26), así como en materia de oposiciones ofrecer temarios estables y que no cambie la forma de los ejercicios, ya que eso ha acabado por derivar a los opositores a otros cuerpos.

Nuevas convocatorias

Hacienda convocó este viernes 27.509 plazas para cuerpos inferiores dando el pistoletazo de salida a la reposición de plazas. Los superiores, esperan a que se apruebe la nueva Ley para ver cómo queda.

Por otro lado, el secretario de Estado de Justicia (SEJ), Tontxu Rodríguez, presentó este jueves los primeros códigos de Justicia del Boletín Oficial del Estado (BOE). Rodríguez destacó que los códigos BOE constituyen una "valiosísima herramienta de trabajo por cuanto ofrecen un contenido técnico completo, integral e impecable, que resulta del temario de las oposiciones a las que se refiere".

En 2022, el departamento de Pilar Llop puso en marcha el programa de becas para la preparación de este tipo de oposiciones con un presupuesto de más de 1,6 millones de euros para un total de 245 becas. En 2023, el presupuesto se ha triplicado con más de 5 millones de euros.

Sobre este aspecto, los letrados de Justicia consideran que, como regla general, todas las medidas que vayan dirigidas a facilitar a los opositores la preparación y el acceso en condiciones de igualdad a las plazas públicas es positiva. "Ya valoramos en ese sentido desde UPSJ la aprobación de becas, aunque estas todavía son demasiado pocas en número, casi testimoniales ante los miles de aspirantes. La iniciativa de los Códigos BOE también parece ir en el buen camino, aunque no se tuvo en cuenta a nuestro colectivo profesional para su elaboración", dicen.

Los inspectores de Hacienda creen que los códigos BOE "son una buena herramienta de ayuda a los opositores porque ofrecen el contenido técnico completo y se puede acceder a ello de forma sistemática y ordenada". Consideran que es una estrategia positiva, pero que no debe inmiscuirse únicamente en el Ministerio de Justicia, sino que debe hacerse de forma extensiva a otros ministerios.

Además, añaden que "se deben barajar y fomentar ayudas a la preparación, pero nunca rebajar os requisitos de acceso a la Función Pública, especialmente a las escalas superiores, como parece que se pretende. Si la preparación es larga y costosa, y realmente no se puede acceder a ella por alguien con vocación, ganas o cualidades, hay que ayudarle y acompañar a esa familia en el esfuerzo; pero nunca facilitar y flexibilizar su acceso por el mero hecho de no tener medios. El servicio público no se puede permitir malos servidores, ni ricos, ni pobres."

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