Inversión sostenible y ESG

En el Marf se han emitido 500 millones de euros en bonos verdes en menos de 2 años

  • Los emisores se plantean realizar estas colocaciones, cuyo coste es más bajo
Gonzalo Gómez Retuerto, director general de BME Renta Fija. Foto: Nacho Martín

El Marf (Mercado Alternativo de Renta Fija) comenzó su andadura en 2013, con la vocación de democratizar las emisiones en España. Antes de su nacimiento, este mercado estaba restringido a emisores de grandísimo tamaño, y el objetivo era precisamente hacerlo accesible también a las medianas y pequeñas empresas. El avance desde entonces ha sido notorio: si en 2012 solo 24 compañías emitieron en el mercado de renta fija, en 2020 fueron ya 91. Consulte más noticias sobre sostenibilidad en elEconomista Inversión sostenible y ESG.

Si nos ceñimos a las colocaciones de bonos sostenibles que se han realizado en el seno del Marf, éstas arrancaron más tarde (la primera, de Grenergy, data de noviembre de 2019), pero han ido cogiendo ritmo: en menos de 2 años, este mercado ha recibido emisiones con etiqueta sostenible o verde por un total de 485 millones de euros. 

"Los emisores ya se plantean, como cuestión básica, si su colocación puede ser sostenible; es una pregunta tan obligada como el plazo o el volumen", explica Gonzalo Gómez Retuerto, director general de BME Renta Fija

Hasta la fecha, cinco empresas -Pikolín, Audax Renovables, Greenalia, Grenergy y Valfortec- y un fondo de titulización -Elecnor Eficiencia Energética- han emitido deuda responsable en el MARF. Si a esos 485 millones que suman estas operaciones les sumamos los 10 millones del programa de emisión que acaba de registrar Biodiésel de Aragón, la cifra escala hasta los 495 millones de euros. 

Los bonos verdes son aquellos que financian proyectos que tienen un impacto positivo en el medio ambiente. Por su parte, los sociales (que aún no han llegado al Marf) se dirigen a proyectos vinculados a la sanidad, servicios sociales, empleo... Y los propiamente denominados sostenibles, por su parte, combinan características de los dos anteriores. 

Según explica a elEconomista Gonzalo Gómez Retuerto, director general de BME Renta Fija, la emisión de títulos sostenibles es "una tendencia súper consolidada". "Todas las compañías, emisores públicos... a la hora de plantearse una emisión, se preguntan si tiene sentido que tenga algún tipo de etiqueta de sostenibilidad". Esta se ha convertido, explica, en pregunta obligada, al igual que lo son el plazo al que se va a emitir el bono, o el volumen que se pretende captar. "Incluso te diría que es casi la primera pregunta que hacen, la de ¿puede ser esto un bono verde?", añade.

Costes más bajos

Que lo sea puede abaratar los costes: "Existe una discusión teórico-práctica sobre si realmente el bono verde mejora el coste de financiación para la compañía. Algunas compañías nos comentaban, recientemente, que, gracias a que la emisión había sido verde, el coste había sido más bajo que si no hubiese contado con esa etiqueta". A pesar de que el riesgo de crédito es lo que realmente marca el interés que paga el emisor, al existir tanta demanda "hay una prima positiva hacia el emisor que coloca este tipo de productos", señala el director general de BME Renta Fija. A ello se suma, esto ya en el lado del inversor, la ventaja de que estos productos son más estables en momentos de gran volatilidad, como las abruptas caídas de marzo y abril de 2020.

Otro factor positivo que tienen para los emisores las colocaciones verdes, señala Gómez Retuerto, es "la ampliación de la demanda que suponen". Determinados inversores focalizados en la inversión ESG tendrán en cuenta a compañías "que no entrarían en su universo si no contasen con esa etiqueta sostenible", explica. 

En lo que llevamos de año, el Marf ha visto una nueva emisión de bonos verdes, la de Valfortec, por 25 millones de euros. En estos siete meses, fuera ya de este mercado alternativo, las grandes empresas y entidades financieras españolas han colocado en el mercado cerca de 11.500 millones de euros en deuda verde, social y sostenible, y si incluimos los organismos públicos, el dato supera los 15.000 millones. CaixaBank por sí sola acapara casi 3.600.

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