Un paso adelante, pero insuficiente. Esa fue la valoración que hicieron de la nueva oferta del Gobierno argentino los principales fondos de inversión que poseen gran parte de la deuda del país, que se encuentra en suspensión de pagos. El pasado martes, el Gobierno de Alberto Fernández ofreció nuevas condiciones, más generosas con los bonistas, en una señal de que está dispuesto a ceder, y los fondos respondieron agradeciendo el movimiento y pidiendo más negociaciones para llegar a un acuerdo definitivo entre ambas partes. La amenaza de ir a juicio sigue planeando, pero nadie quiere hablar de ella.
La oferta del Gobierno de Alberto Fernández supone una larga serie de cesiones respecto a lo que había pedido inicialmente. Por un lado, el periodo de gracia para el pago de intereses se reduciría de tres años a tan solo uno. Esta era una de las principales exigencias del Gobierno peronista, que pide algo de margen para reactivar la economía que ya venía de una recesión y se está viendo golpeada por la crisis del Covid-19.
Por otro lado, el nuevo plan reduce la quita total que tendrían que sufrir los bonistas. Los inversores que compraron papeles durante el mandato de Mauricio Macri (2015-2019) recuperarían un 53,5% de su inversión, mientras que los que adquirieron deuda durante los mandatos de su predecesora y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) se llevarían un 59,5%.
Incentivos para negociar
Pero quizá la estrategia más importante en la oferta es la intención de dividir a los fondos en dos grupos. Para ello, ha ofrecido a los bonistas que acepten el canje pagar los intereses acumulados hasta el 4 de septiembre inclusive, al 0,5% en dólares y al 1% en euros. Los que no lo hagan y opten por ir a los tribunales se quedarían sin ese 'caramelo' y podrían acabar recibiendo menos dinero en total.
El objetivo de este movimiento es animar a los fondos a seguir negociando en vez de ir por las malas. Una estrategia diseñada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, experto en canjes de deudas y que fue puesto en este cargo precisamente para gestionar esta crisis. Aún quedan los recuerdos del canje del 'default' del corralito, que se alargó más de una década y acabó con los llamados 'holdouts' (fondos que no se sumaron a la oferta) en los tribunales de Nueva York.
La buena noticia para Argentina es que la propuesta ha sido recibida con entusiasmo en las instituciones. El FMI, que es uno de sus mayores acreedores y que considera la deuda del país "insostenible", recogió con agrado la oferta. De hecho, el fondo consideraba que el pago máximo que podía permitirse hacer el país a los inversores era de un 49,9%, hasta 10 puntos menos de lo ofertado ahora por Buenos Aires.
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, respondió al anuncio durante la reunión de ministros de Finanzas del G-20 pidiendo "la colaboración entre acreedores y deudores de una manera racional y mutuamente respetuosa" para solucionar la crisis del país. Similar opinión tuvo su homólogo del Banco Mundial, David Malpass, que abogó por "un rápido y sensible acuerdo entre Argentina y sus acreedores".
"Estamos listos para debatir más cambios al plan", respondieron los fondos acreedores
Pero todas las miradas estaban fijas en los que tendrán la última palabra: los grandes fondos de inversión que poseen cerca de un 32% de los 65.000 millones de dólares de deuda argentina a reestructurar, entre los que se encuentran Blackrock, Ashmore, Fidelity, T. Rowe Price o Autonomy Capital, entre otros. Y su reacción fue optimista, aunque creen que lo ofertado no es suficiente y esperan poder seguir hablando.
"Si bien no aceptamos la última propuesta de Argentina, es alentador proporcionar una base para un compromiso constructivo, estamos preparados para debatir modificaciones a la propuesta que puedan lograr una reestructuración consensuada", dijeron los fondos en un comunicado.
El Gobierno, sin embargo, insistió en que esta es su última oferta, y que cualquier nueva negociación se hará, en todo caso, a través de las dos entidades financieras que están gestionando el canje de deuda, HSBC y BofA. Apuntando al FMI, el Ejecutivo insiste en que ya están ofreciendo unas condiciones mejores de las que se consideraban posibles cuando empezó el proceso.
Economía entre algodones
Porque, pese a los movimientos en la negociación, Argentina sigue estando en una posición muy delicada. La cuarentena aplicada para frenar la expansión del coronavirus, especialmente en Buenos Aires y su corona metropolitana, ha paralizado a miles de negocios y ha llevado al paro al 10,4% de la población. El tipo de cambio del dólar, por su parte, sigue subiendo y ya alcanza los 127 pesos por dólar, cifras desconocidas que ya duplican ampliamente las que se pedían hace algo menos de un año, antes de que Fernández ganara las primarias a la presidencia.
En estas circunstancias, la mayor baza del Gobierno es insistir en que no tienen más para ofrecer. Pero el hecho de que ya hayan cedido una vez hace sospechar a los fondos de que es posible una tercera oferta. En un país acostumbrado a tener crisis de deuda cada pocos años, los faroles no tienen tanta credibilidad como podrían.
