Seis meses exactos ha tardado el Gobierno peronista de Alberto Fernández en desatar los miedos de los inversores extran jeros a nuevas expropiaciones como la de la petrolera YPF en 2012. El lunes, el Ejecutivo argentino anunció la intervención de la cerealera Vicentin, una de las principales exportadoras de grano de país, que se encontraba en concurso de acreedores desde el pasado mes de diciembre.
La empresa, cuyo principal accionista es Glencore, acumula deudas por valor de más de 1.300 millones de dólares y llevaba medio año buscando una solución a su insostenible deuda. Pero la crisis del coronavirus ha frenado las negociaciones para una posible venta y ha empeorado aún más su crítica situación financiera, por lo que Fernández -cuyo Gobierno no está en una posición económica mucho mejor- decidió cortar por lo sano y ordenar el envío de funcionarios a tomar el control.
Posible inconstitucionalidad
El argumento de Fernández es que la intervención es necesaria para mantener en marcha una de las principales fuentes de divisas del país y salvar sus puestos de trabajo. Su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, insistió en que era una excepción y que "no vamos a salvar a todas las empresas que quiebren".
Pero las críticas no se han hecho esperar. La oposición macrista no ha tardado en denunciar la posible inconstitucionalidad de la decisión, ya que la empresa estaba bajo tutela judicial por encontrarse en concurso, y la intromisión del Gobierno en el proceso supondría romper la separación de poderes. Las denuncias no se harán esperar en cuanto reabran los tribunales tras el fin de la pandemia.
Los inversores, por su parte, temen que esta sea la primera de una nueva serie de expropiaciones por parte del peronismo. La prima de riesgo del país subió 510 puntos básicos tras conocerse la decisión, y el tipo de cambio del dólar en el mercado negro ya casi duplica la tasa oficial del Gobierno.
