El Gobierno argentino entró en su segundo default en poco menos de dos décadas, pero mantiene las negociaciones abiertas con los acreedores y llegaron a un acuerdo implícito para que los grandes fondos no inicien acciones legales que exijan la aceleración de los bonos.
Las conversaciones por los cerca de 62.400 millones de euros (68.000 millones de dólares) en títulos públicos bajo legislación estadounidense pasaron entonces a una segunda fase, que puede extenderse hasta el 30 de julio todavía sin consecuencias directas para la economía real. La pandemia sí golpeó de lleno al país cuando reordenaba sus variables para encarar la salida de una estanflación, por lo que ahora el Ejecutivo se encuentra ante un desafío mayor, para lo que desplegó una batería de medidas que equivalen a una inyección de casi el 5,6% del PIB.
En su asunción del 10 de diciembre, el presidente, Alberto Fernández, convocó al discípulo de Joseph Stiglitz, Martín Guzmán, para que lidere el Ministerio de Economía con el claro objetivo de reestructurar una deuda pública que se había ido de las manos. El titular del partido Frente de Todos reiteró desde la campaña que el pasivo que contrajo su antecesor, Mauricio Macri, implicaba erogaciones que superaban ampliamente el ingreso de divisas al país, lo que lo tornaba "impagable".
El gobierno ha lanzado un paquete fiscal de emergencia y otro de financiación de créditos productivos
Incluso consiguió que lo admita el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) en febrero, en la que su misión técnica precisó: "La deuda argentina no es sostenible. En consecuencia, se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados". El organismo calculó que se precisa un recorte de entre 50.500 millones y 78.000 millones de euros en los pagos del pasivo en moneda extranjera para los próximos diez años. "El alivio de la deuda necesario debería reducir las necesidades de financiamiento bruto de Argentina a un promedio de alrededor del 5% del PIB", estimó el FMI en marzo.
Después de conversar con inversores, el Palacio de Hacienda armó sus propios lineamientos, consistentes con el análisis del ente multilateral de crédito, para que la deuda externa vuelva a considerarse sustentable. La propuesta oficial para los bonos nominados en moneda extranjera con ley neoyorquina incluye tres años de gracia, una quita del 5,4% del capital y del 62% de intereses, que implica un recorte total de casi 37.600 millones de euros. La tasa propuesta para los nuevos instrumentos consistía, en promedio, del 2,33%, muy por debajo del rendimiento de los actuales títulos (cerca del 8% anual), por encima del promedio internacional, que limita con cero.
La oferta que lanzó la Casa Rosada consiguió un escaso aval entre los inversores, pero tampoco las contrapropuestas de los fondos de inversión consiguieron el visto bueno de Guzmán ni Fernández. Las conversaciones entre las partes continúan, con ambos lados abiertos. La única condición que asentó Argentina consiste en que las proposiciones se alineen a los criterios de sustentabilidad del Ejecutivo y del FMI, de modo que pueda convertir a la estructura de deuda en sustentable y que un próximo Gobierno no se vea obligado a volver a reestructurar.
El Gobierno tiene hasta el 30 de julio para resolver este asunto prioritario, siempre que ningún acreedor demande el default cruzado, como se comprometieron los grandes fondos. Si bien Argentina ya entró en cesación de pagos selectiva el 22 de mayo por haber incumplido en la transferencia de 459 millones de euros por los bonos Global 2021, 2026 y 2046, el próximo vencimiento, del Discount, contiene cláusulas punitivistas más agresivas para las transgreciones del deudor soberano.
El alumno de Stiglitz planea resolver primero la situación de los títulos públicos emitidos bajo legislación extranjera, que implican unos 68.000 millones de dólares. Luego les realizará una oferta similar a los tenedores de los 15.000 millones de dólares de bonos con ley argentina, para después sentarse con el FMI y el Club de París a cerrar nuevos acuerdos.
Recuerdos dolorosos
El recuerdo del último impago aún se mantenía nítido en la memoria del país. En diciembre de 2001 la economía sufrió un colapso político-económico que acarreó una mega-devaluación, disparada inflacionaria, destrucción de puestos de trabajo y cesación de pagos. La razón, una fuga de capitales récord sostenida por una continua emisión de bonos y apreciación cambiaria a costa de todo el sistema productivo.
Cual déjà-vu, la gestión de Mauricio Macri emuló el modelo neoliberal que derivó en aquella crisis. El presidente del partido Cambiemos prometió mejorar las condiciones para una población que había encontrado un techo en la mejora social tras 12 años de Gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, con un nivel de pobreza alto y estanco y una subida de precios que reducía incesantemente el poder adquisitivo. Pero empeoró aún más todos esos indicadores con una reprimarización de la economía, que empobreció al 35,5% de las personas, aumentó el desempleo al 8,9% y duplicó la inflación, que cerró 2019 en un 53,8%.
El segundo pilar para la Administración de Macri fue la fuga de capitales, que, en su era, alcanzó el máximo histórico de 88.371 millones de dólares. Una de los pocos compromisos de campaña que cumplió en 2015 consistió en eliminar las restricciones a la compra de divisas que había impuesto Cristina Kirchner en 2011. Esto no mermó el ingreso de inversiones, como había asegurado fervientemente Cambiemos, sino que llevó a una descontrolada salida de dólares que no se contrapesó más que con un masivo endeudamiento. Fue tal la emisión de bonos que solo dos años después, los inversores de Wall Street le cerraron el grifo por su alta exposición a los activos argentinos. Allí Macri acudió al FMI, tras lo que le entregó el mayor préstamo en la historia del organismo: 57.000 millones de dólares.
Sin preocuparse porque cada billete enviado financiaba la fuga, Christine Lagarde adelantó los giros para que el grueso le llegue a Macri y así pueda naufragar 2019 y finalizar su mandato. Fue Alberto Fernández quien al ganar las elecciones le exigió que deje de enviar el resto de los 52.300 millones de euros acordados, al evidenciarle que los 41.200 millones de euros transferidos no se habían invertido en recursos que ayuden a repagar la deuda.
Argentina fue uno de los países que más rápido aplicó la cuarentena, con sólo un puñado de casos autóctonos de COVID-19 entre su población. Esto garantizó, por el momento, una transmisión más lenta y con menores pérdidas humanas. El cierre de fábricas en los dos meses iniciales, antes de que se comience a flexibilizar el aislamiento, golpeó a una economía ya débil. Eso, sumado al 40% de informalidad laboral, obligó al Gobierno a actuar rápido.
Medidas de emergencia
En poco tiempo, el equipo económico desplegó una batería de políticas con las que desembolsaron el 5,6% del PIB (23.500 millones de euros). Estas se dividen en un paquete fiscal de emergencia destinado a la población más vulnerable y otro dirigido a la financiación de créditos productivos. El primero consiste en medidas puntuales, que tienen una frecuencia mensual, como un ingreso familiar de emergencia al 50% de los hogares, el pago complementario de sueldos y bonos extraordinarios a jubilados y beneficiarias de la asignación universal por hijo. El de facilidades financieras trata de aportes del Tesoro hacia líneas de créditos a tasas subsidiadas o programas de garantías.
