Internacional

Boris Johnson valoró un plan que ignora la ley para retrasar el Brexit que podría llevarle a prisión

El premier prepara una batalla sin precedentes con un colapso constitucional
Se expone a los tribunales, pero confía en una recompensa electoral

12:15 - 9/09/2019 Actualizado: 13:54 - 9/09/19

Boris Johnson prepara una batalla sin precedentes en la historia democrática de Reino Unido para garantizar el Brexit el 31 de octubre, a costa de un colapso constitucional y la metamorfosis integral del Partido Conservador en una formación guiada por el purismo eurófobo y escorada hacia el ala más a la derecha del espectro liberal-

Aunque tras su visita a su homólogo irlandés el tono de Johnson es más conciliador ("Prefiero abrumadoramente un acuerdo con la UE") Ante el veto que el Parlamento impondrá hoy de nuevo a su deseo de convocar unas generales el 15 de octubre, el primer ministro está dispuesto a ignorar la legislación promovida para retrasar la salida por tres meses más, reventando así desde el interior mismo de la residencia oficial las convenciones institucionales que rigen en un país sin constitución escrita. Para ello, ha preparado un plan para evitar de forma legal que se produzca una nueva prórroga del Brexit.

La estrategia contiene riesgos de alto voltaje, incluyendo la posibilidad de ser condenado a prisión por desacato a la ley, pero Johnson y su reducido círculo de asesores han concluido que desafiar la ley acarrea un peligro menor que supondría claudicar con una demora de la ruptura.

Esta misma semana se consumará la controvertida suspensión del Parlamento hasta el 14 de octubre, cinco semanas durante las que el premier y su entorno prepararán el terreno para la madre de todas las confrontaciones tras el Consejo Europeo fijado para el 17 y 18 de octubre, donde Johnson no pediría el nuevo retraso del Brexit, tal y como le obligará el Parlamento británico.

En ese momento, los diputados llevarían al premier ante el Tribunal Supremo para obligarle a solicitar la extensión de los plazos, pero, según informa The Sunday Times, el tribunal no contaría con el tiempo necesario para ello. En definitiva, la salida se produciría -como quiere Johnson- el 31 de octubre

Su objetivo pasa por cristalizar en el imaginario del votante que había apostado por el divorcio en 2016 que Johnson es su único defensor, frente a un sistema elitista del que forman parte tanto diputados como jueces que aspira a revertir el resultado del referéndum. Tras una semana que para otro mandatario hubiese constituido el principio del fin, tras la pérdida de la mayoría absoluta, el pleno de derrotas en Westminster y la dimisión de su propio hermano, a Johnson le ha permitido reforzar su mensaje: el de que nada, ni nadie, lo obligará a alargar un día más la permanencia en la UE.

Empleando las mismas tácticas de guerra que habían provocado la sorprendente victoria del Brexit, la cúpula que asesora al primer ministro ha emprendido una huida hacia adelante que amenaza con desmoronar los cimientos mismos de la democracia más longeva del continente. Bajo la batuta de quien había dirigido la campaña de 'Vote Leave', Dominic Cummings, la asunción de partida es que la base electoral que había decantado el plebiscito será suficiente para apuntalar a Johnson en el Número 10.

Los flancos de la tesis son obvios, puesto que con la transformación efectiva de los tories en el Partido del Brexit, la formación arriesga con alienar a los moderados que necesita para lograr la mayoría absoluta, como evidenció la inesperada hegemonía obtenida por David Cameron en 2015, la primera para los conservadores desde 1992. No en vano, el 39% de sus votantes había elegido la opción de la permanencia en el referéndum del año siguiente.

La visión del actual equipo del Número 10, sin embargo, es que precisamente esa consulta ha dejado un panorama polarizado en el que las siglas partidarias pesan menos y, a este respecto, el retrato de Johnson como la personificación del Brexit remite claridad al 52% que había apostado por el divorcio.

De ahí la cuestionable identificación de su semana horribilis con el precio inevitable que requiere materializar el veredicto de junio de 2016 y la obligada confrontación con un Poder Legislativo dominado por diputados pro-EU.

Dimisiones ministeriales

La más reciente dimisión ministerial, confirmada el sábado por la noche, entra dentro de esta retórica: Amber Rudd, representante del frente a favor de la permanencia, abandonó la cartera de Empleo tras la purga de 21 parlamentarios tories que habían votado contra el Gobierno y la constatación de que no hay un esfuerzo real por renegociar un acuerdo con Bruselas.

En circunstancias normales, sus críticas serían extremadamente perjudiciales, pero en la dialéctica trazada por Cummings, Rudd personifica el establishment que aspira a cancelar el referéndum, por lo que su marcha, junto a la de decenas de moderados que han anunciado que renuncian a la reelección, es bienvenida para la revolución en curso.

El problema es que al carecer de poder para convocar las generales cuando le convienen, Johnson pierde una baza crucial para la narrativa con la que pretende consolidar su presencia en Downing Street. Aunque las elecciones se dan por hechas antes de fin de año, su intención de ignorar la ley arrastrará a Reino Unido a un territorio constitucional desconocido.